Editorial

"øQué puede hacer el gasto en 2010ú



Ahora que los mexicanos pagaremos más impuestos, más que enojarnos, nos debemos preocupar y ocupar por lo que se haga y deje de hacer con el gasto público. Perdimos la oportunidad única de haber transformado la riqueza petrolera en activos productivos. Todos los políticos, independientemente de su extracción partidista, prefirieron la modalidad populista y siguieron el camino fácil de promover el consumo gubernamental pagándolo con la renta petrolera, antes que asumir la responsabilidad de conseguir las contribuciones correspondientes. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 sigue sin ser la excepción.

Aunque el gasto público aprobado para 2010 podrá hacer muy poco para reactivar la economía, entre otras razones porque no tiene la masa crítica para contrarrestar el desplome de la demanda agregada por menores exportaciones, menos turismo y remesas. Sin embargo, sí podría mitigar ciertos problemas en el corto plazo. Sólo podrá tener efectos positivos en el mediano y largo plazo, si logra superar los vicios de origen que prevalecen en el gobierno federal, los gobiernos estatales y del DF, así como el de los municipios.

Estos cambios van desde la planeación en el sector público de estos tres órdenes de gobierno. Incluye la programación, el diseño del presupuesto, la ejecución, el seguimiento, hasta la evaluación y la auditoría. øQuién se acuerda todavía del Estudio de Gran Visión 2030 con el que inició esta administraciónú øCómo puede ser viable el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 cuando el mundo cambióú El esquema de planificación centralizada que está en la Constitución quedó rebasado hace muchos años, pero sigue como trámite. Sin una transformación en los instrumentos de planeación, lo que se construya a partir de lo existente servirá para poco. Más aún, para que el gasto público rinda más, es necesario un cambio profundo en la relación entre el gobierno federal y los estados, y entre los estados y los municipios. O dicho de otra forma, hay que poner en el centro de la discusión de la hacienda pública al ciudadano y los servicios públicos que requiere para facilitarle su vida productiva y su interacción social. El federalismo fiscal, que bien llaman ya feudalismo fiscal, ha mostrado ser ineficaz e ineficiente en la administración de los recursos públicos, tanto los que se aprueban anualmente en el presupuesto, como en los acervos y recursos naturales que están bajo su control. El país le sigue dando la vuelta y se empeña en reinventar el centralismo que sólo ha mostrado que es bueno para asfixiar, someter y tener servicios públicos de pésima calidad sin completar la cobertura.

Del presidencialismo centralista, el país ha involucionado al centralismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue simplemente patético ver el desfile de gobernadores con sus cartas a Santaclós en la búsqueda de presupuesto federal para cubrir responsabilidades estatales y municipales. Lamentable, pero ahora todos los incentivos están alineados para que la soberanía de los estados quede pisoteada porque los municipios no ejercen su potestad tributaria, y los gobernadores y jefe de gobierno prefieren estirar la mano.

øCon qué derecho los diputados federales que provienen de los distritos en el estado Y pueden aprobar proyectos o subsidios para cubrir las funciones propias de una entidad federativa X y sus municipiosú La contestación categórica es: con ninguno. Es un sinsentido lo que está sucediendo. El ser electo para un cargo público ejecutivo lleva consigo la responsabilidad de proponer a su Congreso o cabildo las contribuciones necesarias para cumplir con esa responsabilidad.

Esto requiere corregir graves distorsiones con dos cambios imprescindibles. El primero es que en la distribución de los impuestos federales predomine el criterio de que la recaudación es del lugar que la genera, lo mismo vale para los derechos de hidrocarburos, agua y otros recursos naturales. Segundo, a los gobiernos estatales les urge tener una potestad tributaria relevante, esto es, que tengan la facultad de gravar con un impuesto relevante. En el pasado tuvieron el impuesto sobre ingresos mercantiles que, por comodidad de los gobernadores de ese entonces, perdieron años después al introducirse el Impuesto al Valor Agregado a cambio de más participaciones. Por su parte, los municipios tienen que aplicar el impuesto predial y con él determinar junto con su población la gama, cantidad y calidad de servicios públicos. En el caso del DF, que es la única entidad federativa que centraliza la recaudación de este impuesto, la recaudación de este tributo debe devolverse en servicios públicos a las colonias que los aportan.

Mientras no se corrijan estas distorsiones, tanto la administración como la aplicación de los impuestos quedarán muy lejos de los contribuyentes. Si ""el amor de lejos es amor de estudiantes"", los impuestos que se determinan desde el centro, para distribuirse sin ninguna relación con la oferta y calidad de los servicios públicos que requiere cada municipio y cada estado, son simplemente para promover desperdicio y pérdidas elevadas a la sociedad.

Para que el gasto público sea más eficiente, tiene que determinarse junto con el pago de impuestos de quienes viven en el lugar donde se va a aplicar. El Congreso de la Unión está para aprobar el gasto público de las responsabilidades federales y de los programas que sean de aplicación general, no para suplir deficiencias en la recaudación estatal y municipal.

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