La estructura de la economía nacional está dispuesta de tal modo que se reproducen de forma sistemática las desigualdades entre los mexicanos.
Muchas son las razones, pero de ellas la más importante es la mediocre política educativa del Estado. No hay hilo negro en este asunto: las sociedades que mejoran la calidad de vida de su gente han apostado a fondo por la educación, mientras nosotros aún seguimos sin hacerlo.
El día que se hicieron públicos los resultados de la prueba ENLACE -examen para medir los conocimientos y las habilidades de más de 13 millones de estudiantes de primaria y secundaria en todo el país-, los mexicanos constatamos la eficiencia con la que el sistema educativo distingue a los alumnos según el nivel económico que tengan sus familias.
Las escuelas privadas obtuvieron resultados muy por encima de las públicas. Sólo aquel que cuenta con dinero para hacerse de conocimientos puede mejorar su posición en la sociedad. En cambio, quien por su circunstancia se mantenga arrojado a las miserias de la educación pública pagará con rezago y desesperanza su origen socioeconómico.
En México la educación no juega un papel igualador sino lo contrario. Es así porque la política educativa tiene dueño, porque las autoridades están subordinadas a ese mandamás y porque los alumnos y los padres, que son los patrocinadores del sistema, no tienen voz ni voto en el entuerto. Como resultado de esta tragedia, la educación privada se ha convertido en un excelente negocio para unos cuantos.
No sólo los pobres, sino la clase media también, son víctimas de esta negligencia, que seguirá intocada hasta que todos los mexicanos no apuntemos el dedo hacia el (o la) responsable de este desastre.
El Universal
