Néstor Gabriel López López, docente e investigador, definió que los decretos de estímulos fiscales que anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto el pasado 18 de enero, son una medida para mantenerse a flote ante la adversidad del panorama actual en donde hay imposibilidad de mayores ingresos petroleros.
Lo que se anunció fue dos decretos que arrojarían tres beneficios.
El primero de los cuales es dar continuidad a que las empresas de hasta 100 mdp aprovechen en el año donde lo realicen, la inversión en activos fijos: terrenos, pago proveedores entre otros. Lo que hace este estímulo es impulsar la inversión al fomentar más activos al capital y eventualmente crear empleos.
El segundo decreto es la repatriación de capitales y es relativo a las facilidades de pago del ISR de capital que provengan del extranjero. Lo atractivo de este segundo decreto es que cualquier contribuyente en el extranjero que no haya hecho su declaración puede hacerla con un 8 por ciento del monto, a través de la apertura de una cuenta bancaria en México.
La observación es que este segundo decreto roza con un par de artículos de la Ley de Transparencia, por lo que no era una decisión que le concierna exclusivamente al Ejecutivo.
En 2016 con el programa anterior se alcanzó 73 contribuyentes a quienes se les condonó multas, actualizaciones y recargos en cantidad de 124 millones 711 mil 756 pesos; ahí la mínima fue 505, y la máxima 93 millones 602 mil 525. Destaca que el último monto representa el 75 por ciento del total, y se otorgó a un sólo contribuyente.
Así, el programa es más que una manera de mantener capital en el país, es un estímulo a los contribuyentes no cumplidos, quienes, ante la aplicación generalizada de los acuerdos internacionales de intercambio fiscal para 2017, de no gozar de este beneficio, seguramente formarían parte de las listas negras a que se refieren acuerdos como FATCA y el CRS (por sus siglas en inglés).
Al respecto el analista apuntó que esta medida es desesperada, de ocurrencia y se presenta en época preelectoral, además deja fuera los beneficios al campo y a las Zonas Económicas Especiales, que en Chiapas pudieron haber beneficiado y fortalecido a la economía.
Lo rescatable de estos estímulos se encuentra en el primer decreto, que contempla un estímulo fiscal para las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales de hasta 100 millones de pesos.
Al ser un aumento de porcentajes para deducción de la inversión, puntualizado en que las inversiones deben ir dirigidas a bienes nuevos, es decir, aquellos que se utilicen por primera vez en México.
