Los ejidatarios de Guadalupe Victoria, municipio de Altamirano, demandaron la cancelación de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario que los pretende obligar a devolver a las parcelas a 20 familias que en enero de 1994, decidieron abandonar voluntariamente los terrenos por miedo al conflicto armado.
En un documento pidieron “respeto a nuestra autonomía y autodeterminación como pueblo indígena tojolabal y a nuestro reglamento interno como ejido”.
También demandaron que “los desplazados de 1994, dirigidos por caciques priistas, salgan de nuestras tierras ejidales”·
Explicaron que el pasado 26 de abril, llegaron a posesionarse a nuestro ejido, 15 personas: Gerardo Pérez Agueda, de la Coiac, Jesús García Pérez, Mario García Pérez, Antonio Pérez Pérez, Felipe Pérez Álvarez, Ruperto Aguilar Pérez, Rosalio Gómez López, Benjamín Pérez Gómez, Delmar Pérez Pérez, Jaime Jiménez Gómez, Guillermo García Hernández, Rosario Pérez Pérez, Consuelo Trujillo Trujillo, Isabela Pérez Hernández y Manuel Pérez Agueda”.
Señalaron: “como asamblea fuimos a decirles el 27 de abril que salieran tranquilamente, así como habían llegado y nos contestaron que tienen órdenes del Gobierno federal y que ya no iban a salir”.
Añadieron que el 30 de abril llegaron 5 personas más: Joselino Jiménez Vásquez, Roberto Aguilar Pérez, María Elena Gómez López, María Eloisa Argüello García y Esperanza Hernández Pérez, por lo que el domingo 1 de mayo a las 9 de la mañana “fuimos todos los hombres y mujeres a decirle que salieran de nuestras tierras, peor Marco Antonio Argüello García nos contesta que es dirigente de una organización que se llama Luz y Fuerza del Pueblo y que no van a salir”.
Los quejosos manifestaron que, después de que abandonaron el ejido en enero de 1994, las personas que ahora quieren posesionarse de sus tierras, regresaron en de marzo de ese año, por lo que la Asamblea de Ejidatarios de ese entonces “respetó sus posesiones tanto de sus solares como de los trabajaderos reconocidos”.
Dijeron que posteriormente en la asamblea se tomaron nuevos acuerdos, en las cuales se nombraron nuevas autoridades y entregaran la documentación que se habían llevado, ante lo cual “los desplazados no manifestaron ningún descontento, pero en la madrugada del día siguiente volvieron a abandonar el ejido hasta el día de hoy, dejando claro que en ningún momento fueron amenazados ni hostigados en sus persona, sino que se fueron por su propia voluntad”.
Detallaron que entre 1994 y 1996 “fueron respetados sus solares y parcelas de las 20 familias desplazadas; en 1996, los ejidatarios decidieron reorganizar el ejido porque los desplazados dejaron de pagar las cooperaciones, los trabajos comunitarios, asistir en las asambleas; es decir, dejaron de cumplir sus obligaciones como ejidatarios”.
Comentaron que “así pasaron 4 años y en 1998 se propuso en la asamblea general incorporar a 35 jóvenes”, por lo que “en la asamblea general de agosto de 2000 se les reconoció los derechos ejidales a los 35 jóvenes propuestos en 1998”.
Sin embargo, abundaron, en 2010 “nos notificaron, a través del Tribunal Agrario con sede en Comitán que se abriera una puerta de diálogo, pero la asamblea acordó no asistir porque después de 16 años de abandonar sus derechos y obligaciones (los desplazados) quedaron legal y legítimamente fuera de nuestro ejido”.
Agregaron: “Sabemos que existe una sentencia del Tribunal Unitario Agrario sobre un juicio que nunca nos enteramos como asamblea, por lo que la sentencia ni es legal ni es legítima”.
