Regularizar la tenencia de la tierra urbana y rural en zonas de propiedad social para dar certeza jurídica a sus habitantes, pero sobre todo para poner orden de una vez por todas tras décadas de indefinición, ha sido una aspiración en tal vez todos los estados del país. Esta moderna ciudad capital, como suele decirse, no es ajena a problemas de este tipo, derivados del rezago en ese sentido.
La Constitución de 1917 en su Artículo 27 establece el ordenamiento de la tierra, propiedad de la nación, en la que los terrenos ejidales y comunales son objeto de atención en lo que reparto y dominio se refiere. En este sentido, en 1970 se creó el Programa Nacional de Regularización de Zonas Ejidales, para regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal con asentamientos humanos irregulares.
Tres años más tarde se creó el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, organismo desconcentrado de la administración pública federal que prevé impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de origen privado.
Hace trece años, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra se sectorizó a la Secretaría de Desarrollo Social, conservando su personalidad jurídica, y es en este contexto que las secretarías de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria convinieron ayer en agilizar trámites expropiatorios que permitan regularizar la tenencia de la tierra y dar certeza jurídica a los habitantes.
El acuerdo pretende aplicar los preceptos agrarios del Artículo 27 constitucional, las leyes en la materia y sus reglamentos, ejecutando acciones para ordenar la tenencia de la tierra urbana y rural, así como resolver conforme a la Ley Agraria las cuestiones relacionadas con asentamientos humanos irregulares en terrenos de propiedad social, según se dice.
El objetivo es otorgar seguridad jurídica con la expropiación mediante el pago de la indemnización respectiva y agilizar los trámites de regularización, ha explicado por su parte la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Frente a los problemas de tipo agrario que hemos venido observando en nuestra entidad, habrá que estar atento para ver cómo se traduce este nuevo convenio en beneficio de los habitantes todavía ahora en la idefinición.
