Ha arribado a la Ciudad de México la caravana de indígenas choles del municipio de Tila, Chiapas, que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la restitución por inejecución de 130 hectáreas de las que, de acuerdo con su propia versión, fueron despojados en 1980. Fluye por todas partes información, sobre la logística de la marcha, de los reclamos, de las acusaciones, vale decir, casi la misma. Pero qué cantidad de hectáreas comprende esa dotación por resolución presidencial que data del 30 de julio de 1934, y dónde se halla situada exactamente toda esa extensión, qué se cultiva allí que tanto se reclama.
Se cultivan viviendas en su mayoría. Hay una enorme construcción, la más grande de la zona que es la iglesia del Señor de Tila, hay hospitales, escuelas, calles pavimentadas; es decir, es la cabecera municipal del municipio de Tila, Chiapas. Eso en parte comprenden las 130 hectáreas motivo de reclamo desde hace décadas y que de tiempo en tiempo resucita.
Sin embargo, hay que añadir que la dotación original que como ya se apuntó, corresponde a la resolución presidencial del 30 de julio de 1934, ampara un total de cinco mil cuatrocientas cinco hectáreas. Tras la afectación a las multicitadas 130 hectáreas, se ha ofrecido una indemnización por más de 40 millones de pesos, oferta que la Asamblea General de Ejidatarios ha rechazado, no obstante que no podrían cultivar nada en gran parte de esa extensión hoy pavimentada y habitada.
Fuera del caso estrictamente legal -que no nos ocupa, hoy en manos de las más altas autoridades del Poder Judicial de la Nación-, que se remonta más de 30 años atrás, el cual está lleno de señalamientos y procedimientos como la solicitud para la creación del fundo legal, que hoy son cuestionados no obstante que en su momento fueron tramitados por representantes que ahora son desacreditados y acusados pese a que acudieron en su fecha ante tribunales, lo que se ve actualmente es una gran manipulación, pero además resulta un poco incomprensible la reclamación en sí misma, pues como se ha planteado aquí: qué van a cultivar en la cabecera o para qué uso se reclama tal como está ahora, qué va a pasar con los habitantes que tienen escritura pública y hasta con la iglesia y la parroquia e incluso sus moradores.
En fin, esto mismo ha sucedido en Tuxtla en el pasado reciente. Es un problema generalizado en el país, que no fue solucionado en su momento y que tras doce años de alternancia, tampoco se abordó, únicamente se fue administrando.
