Anualmente unos mil 100 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas —el 10% de la corporación— son denunciados por comisión de delitos, sin embargo la dependencia estatal solamente reporta la baja del 20% de éstos, en tanto que el resto negociaría su permanencia mediante cuotas otorgadas a mandos policiacos calculadas en 20 millones de pesos.
Cifra oficial
El último reporte de la propia SSyPC detalló que mediante el programa “Cero Corrupción” fueron denunciados en 2017 mil 70 funcionarios, de los cuales fueron destituidos únicamente 236, mientras que en 2016 se castigaron a 436 elementos.
Entre las denuncias contra los elementos está excederse en sus funciones, presuntos actos de corrupción, faltas a su servicio, abandonar su servicio, desacato a una orden, extravío de un bien y no aprobar el examen de control y confianza, así como por encontrarse con aliento alcohólico.
Oficialmente cuando los elementos cometen un delito, además de la sanción interna el caso se debería turnar al Ministerio Público para ejercer acción penal.
Sobre el tema, desde hace siete meses se solicitó a la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría una entrevista al entonces secretario Jorge Luis Llaven Abarca que renunció en días pasados. Al pedir de nuevo la información ante el relevo secretarial, se negó la información solicitada a través de la oficina de comunicación social.
El último informe público en 2017 del entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección dijo que los despedidos por reprobar la evaluación así como denuncias ciudadanas no superaban los cincuenta agentes, cifra contraria a los propios informes de la Secretaría obtenidos en el vinculo oficial “Cero Corrupción”
ONG
Por su parte, Armado Duarte, presidente del organismo no gubernamental Chiapas y Justicia expuso que según el censo nacional de la organización Causa en Común, los policías estatales en la entidad son los peores pagados en el país y quienes mayores denuncias internas realizan por corrupción de sus mandos.
Abundó que el manejo de la Policía Estatal en Chiapas ha condicionado el esquema de Mando Único que propone el Gobierno Federal, así como el Nuevo Modelo de Justicia; además advirtió que la depuración policial no ha sido concluida y la evaluación realizada a uno de cada cinco policías ha caducado.
Recordó que la encuesta del Inegi 2017 ubicó a las policías estatales, incluida la de Chiapas como la penúltima por confianza ciudadana. Los dos mil 500 policías estatales en Chiapas son poco confiables.
Sin embargo entre 2017 y principios del 2018 se calificaron las denuncias de policías en activo contra sus propios mandos, donde destacó Chiapas como la corporación nacional que mayores denuncias tiene por corrupción, abusos y exigencia de cuotas internas para evitar ser despedidos so pretexto del examen de Evaluación de Confianza.
Finalmente recordó que apenas en octubre del 2017 un grupo de 300 elementos activos de la Policía Estatal marchó por la capital del estado para exigir la remoción del entonces titular de la SSyPC, Jorge Luis Llaven Abarca y del comandante, Carlos Manuel Calvo Martínez, jefe de Estado Mayor, por presuntos abusos, bajos sueldos, exigencia de cuotas y malos manejos en la corporación.
