Debido a que en las elecciones intermedias de nuestro país se van a renovar 13 gubernaturas, cargos en Congresos locales, Ayuntamientos y la Cámara de Diputados, el 2021 podría convertirse en el año de los litigios políticos y esto implica un reto mayúsculo en capacitación, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estará contrarreloj, puntualizó Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente.
En su visita a Chiapas, en el marco de la presentación de las memorias electorales de las elecciones locales ordinarias y extraordinarias 2017-2018, comentó que los siguientes comicios implicarán que las inconformidades tengan que resolverse de forma más acelerada y antes de que cierren las etapas oficiales.
Durante el desarrollo de la conferencia “Avances y retos de las candidaturas independientes en el contexto electoral mexicano”, llevada a cabo en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), propuso la posibilidad en la ley de que el financiamiento privado pueda estar presente en las elecciones en México.
Los beneficios, consideró, serían “la participación más directa de quienes estén interesados en postular a una candidata o candidato”; por otro lado, reflexionó, “un inversionista no apostará por una candidatura perdedora” y agregó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) “hay un sistema de fiscalización que funciona y funciona bien, ya que, además de fiscalizar lo público, fiscalizaría lo privado”.
Cuestionado sobre la violencia de género que se está presentando en Chiapas y que, incluso, algunas sentencias de organismos jurisdiccionales no se están cumpliendo, respondió que se tiene que luchar en contra de situaciones culturales poderosas, pero que se pueden corregir con la educación cívica.
La preocupación que hay en estos temas trajo como consecuencia que la Sala Superior del TEPJF diseñara un protocolo que habla de la problemática y la forma de actuar; incluso, dijo, han llevado propuestas a los órganos legislativos para tipificar estos actos como delito, a tal grado que se pudiera anular una elección.
Chiapas presenta serios problemas que se han registrado en Oxchuc y Chehalhó (en pasados procesos electorales), municipios que han mostrado resistencia cuando a una mujer le toca gobernar; en este 2019, los ayuntamientos con conflictos son Bochil, Aldama y hasta Chalchihuitán.
