En Chiapas existen aproximadamente de 750 a 800 comunicadores, de los cuales, a decir de los mismos periodistas, sólo un cinco por ciento de ellos cuentan con las prestaciones mínimas de ley, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), dio a conocer que México, al igual que Afganistán, son los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Es decir, un reducido número de comunicadores tienen acceso a servicios médicos gratuitos, sueldos dignos y remuneración de horas extras trabajadas, ya que sus jornadas laborales pueden ser muy extensas.
“Hay compañeros que tienen más de 30 años de actividad periodística y no pueden acceder a una casa, a un préstamo personal, no tienen posibilidades de tener unas vacaciones decorosas o al menos acceder a medicamentos”, declaró Vinicio Portela, periodista y defensor de derechos humanos.
Logros alcanzados
Ante la lucha por conseguir un trato más digno por parte de comunicadores, se logró que la pasada legislatura del Congreso del Estado, impulsara el Fondo de Apoyos a Periodistas (FAP), con un monto de un millón de pesos que servirían para cubrir gastos médicos o funerarios, en caso de que algún comunicador llegara a requerirlo.
Aunque el monto para este Fondo causó inconformidades en el gremio, debido al amplio número de representantes de los medios de comunicación y el bajo monto de este recurso, se reconoció que fue un buena iniciativa, sin embargo, tendrá que retomarse en años posteriores.
Asimismo, diputados de la pasada Legislatura aprobaron por unanimidad de votos, la iniciativa de ley que precisa que cualquier funcionario o servidor público que amenace o atente contra la integridad de los periodistas en su ámbito laboral serán sancionados como delito grave.
Antecedentes
Periodistas han documentado casos en donde sus derechos laborales son pisoteados, tal es el caso de tres comunicadores que llevaron su caso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), luego de que en marzo del 2018, fueron despedidos injustificadamente y no se les pretendía liquidar de acuerdo a la ley, después de haber laborado por más de ocho años para una empresa.
Exhortan a las autoridades de gobierno tomar cartas en el asunto, ya que así como maestros, burócratas, policías, médicos y trabajadores de empresas particulares, merecen las mismas condiciones laborales, con prestaciones que garanticen seguridad y bienestar.
