La reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de revisar una acción de inconstitucionalidad, ordenó al Congreso de Chiapas que legisle para que el aborto no sea penalizado, es decir, que el Poder Legislativo tendrá que modificar el código penal, informaron integrantes de la Red por la Justicia Reproductiva en la entidad.
Con esto, se garantiza que las mujeres y las personas con posibilidades de gestar puedan acceder a la interrupción del embarazo, lo que abona al respeto del derecho a decidir, a la autonomía, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad.
Trabajo de muchas
Fue en mayo de 2023 que diversas organizaciones impulsaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal de Chiapas, debido a que mantenía la criminalización del aborto, lo que afectaba varios derechos de las mujeres.
Alejandra Muñoz, de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, confió que el Congreso local legisle en este periodo ordinario y quite del Código Penal la punibilidad del aborto.
En lo que corresponde a los servicios de salud, recordó que desde el 2021 (en la sentencia de la Corte) se expresó que el derecho al aborto debe estar garantizado por las autoridades en materia de salud.
Personal capacitado
Y, de hecho, existen en el país lineamientos técnicos para un aborto seguro y los medicamentos que se deben usar. En Chiapas, relató Muñoz, también hay personal capacitado para llevar a cabo ese proceso.
Karla Escobar, de la Red Aborta Libre Chiapas, informó que el procedimiento de aborto en la entidad es seguro a través de los medicamentos, pero lo que sigue es que todas puedan acceder a los servicios de manera legal y sin peligros.
Además, será el Congreso local el que tendrá que delimitar otras garantías; las colectivas han dicho que un rubro sería no limitar las semanas de gestación para llevar a cabo el aborto, tomando en cuenta los contextos que vive la entidad.
Finalmente, se informó que hay buena respuesta de la actual legislatura, y han mostrado un compromiso para ampliar las garantías hacia las mujeres que deseen abortar, para que lo puedan hacer sin estigmas sociales y como parte ahora de un derecho.