Miércoles 14 de febrero del 2001Represión, la constante en los ataques contra IxtapaJavier Sevilla / CPAgresiones físicas, violaciones a los derecho humanos, intimidaciones, en síntesis, una actitud represiva, imperaron en el desmantelamiento del Consejo Autónomo de Ixtapa, con las detenciones de los dirigentes sociales de este lugar.
De todo ello dieron cuenta los integrantes del movimiento de Alianza Campesina de Liberación (ACLI), y las esposas de los detenidos durante el operativo policíaco registrado el lunes a las seis de la mañana en ese lugar.
Testimonios contrastarán con versiones del Gobierno del estado en el sentido de que se trató de una acción pacífica, pues existen imágenes de la casa de Guillermo Hernández Pérez, en la que es evidente que para poder entrar derribaron una puerta blanca de metal.
Por si fuera poco, presuntamente los agentes policíacos detuvieron a campesinos, según versiones de los familiares, sin orden de cateo y de aprehensión. Los elementos al frente del operativo realizaron las detenciones con el rostro cubierto con pasamontañas, señalaron.
Josefina Hernández Bermúdez, esposa de Guillermo Hernández, reprochó que el actual mandatario (Pablo Salazar) actúe de esta manera cuando su esposo recorrió desinteresadamente las comunidades para obtener los sufragios en favor de Salazar Mendiguchía.
Y ésta fue la percepción que ahora tiene del mandatario aliancista: “Se trata de un Gobierno represivo, que no dialoga con las clases desprotegidas para solucionar los problemas”.
Narró que los agentes de Seguridad Pública ingresaron a su casa con actitud violenta, encañonándolos y derribando una puerta.
“Nos encañonaron, a mi esposo lo trajeron ‘enchorado’ y debe quedar claro que en esos momentos estaba en mi casa, no en la Presidencia Municipal”.
Sostuvo que el armamento que presuntamente encontraron fue ‘sembrado’, prueba de ello es que en “mi casa no encontraron armas”.
Hernández Bermúdez afirmó que sí aceptarán la asesoría jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para buscar que se logre la liberación de todos los presos políticos, entre ellos su marido.
Recriminó que el Gobierno del estado siga utilizando el espionaje contra los dirigentes de los movimientos sociales, al percatarse que durante una conferencia de prensa había empleados del estado identificados como “orejas o espías”.
De la expulsión de la CIOAC a algunos integrantes del movimiento, denunció que ello se dio porque los líderes de esta organización presuntamente se “vendieron” y por eso no pueden ver “a mi esposo”.
Anunció que por estas violaciones a las garantías individuales, interpondrá una queja contra el Gobierno del estado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Otro testimonio de la represión
De acuerdo con el testimonio de Carmen Guillén Pérez, esposa de Rigoberto Pérez Balcázar, más de 200 policías rodearon su casa, mientras que otro grupo ingresó con lujo de violencia y para ello derribaron las puertas para poder detener a su marido.
“Estábamos durmiendo y quebraron las puertas. A mi hijo me lo aventaron desnudito, a mi esposo lo patearon en la pierna y lo jalaron del pelo”, narró durante una conferencia de prensa en esta ciudad.
Denunció que los policías arribaron encapuchados, a bordo de camionetas blancas y respaldados por un convoy de Seguridad Pública.
Denunció: “Robaron dinero, aproximadamente 3 mil pesos, alhajas y un reloj de 450 pesos que le compré a mi esposo”.
