El acuerdo conclusivo es una opción que tienen los contribuyentes para resolver las controversias originadas por las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas practicadas por la autoridad fiscal, promoviéndolo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Armando González Arroyo, titular de la Delegación Chiapas de la Prodecon, indicó que si el contribuyente no está de acuerdo con la calificación de hechos u omisiones, puede promover esta figura en la Prodecon, instancia que actúa como intermediario, facilitador y testigo, para llegar a un consenso.
Lo que buscan es que los contribuyentes aclaren las calificaciones de hechos u omisiones y puedan regularizarse por completo. Si lo desean, tienen la posibilidad de la reducción de multas al 100 %, en la primera ocasión que se solicita un acuerdo conclusivo.
“La idea es que no se judicialice el procedimiento, la presentación de la solicitud es en cualquier etapa del procedimiento de fiscalización y hasta 20 de días hábiles siguientes a la notificación de observaciones o de levantamiento del acta final, o en su caso, también notificación de la resolución provisional”, explicó.
Mencionó que es previo a la emisión de la liquidación o previo a que la autoridad determine si existe omisión o no de contribuciones, y justamente lo que se busca es que al contribuyente no le determinen un crédito fiscal y tenga que judicializarse.