Bienvenido, el acuerdo de neutralidad política logrado por el Instituto Federal Electoral con los partidos políticos, al que habrán de sumarse los funcionarios del Poder Ejecutivo, en sus niveles federal, estatal, municipal y delegacional, en toda la República. Es una senal positiva en medio de un clima de incertidumbre y de episodios degradantes de la actividad política en el país.
En tiempos electorales, los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno suelen favorecer a los candidatos de sus partidos con el insistente cacareo de obras públicas y otros logros, además de llegar a proporcionarles recursos en efectivo o en especie. Hoy, el IFE hizo fructificar sus esfuerzos para limitar la promoción abiertamente partidista, hasta el 23 de mayo, es decir, 40 días antes del domingo 2 de junio, cuando se efectuarán los comicios.
El acuerdo se quedó corto, según los partidos firmantes, pero constituye un logro a favor de la equidad en la contienda sucesoria. El Partido Acción Nacional, a través de su representante en el IFE, Germán Martínez Cázares, se quejó de que se corre el riesgo de llevar la democracia a la mudez, lo cual parece una consideración excesiva cuando lo que se pretende es precisamente legitimar la contienda evitando acusaciones de inequidad o de parcialidad principalmente contra los titulares del Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno.
El acuerdo de neutralidad incluye evitar acciones que ya están catalogadas como delitos electorales, por ejemplo el uso de fondos y recursos públicos para presionar por votos, pero no por redundante deja de tener su valor de advertencia.
Ahora de lo que se trata es que todos los actores involucrados suscriban el acuerdo y lo cumplan. El objetivo mayor de todos debe ser garantizar un proceso electoral equitativo y en el que cada ciudadano emita su voto con entera libertad, sin el aturdimiento de campanas abiertas o subliminales que lo induzcan en determinada dirección, o menos aún sometido a sobornos o amenazas.
El comportamiento indebido de funcionarios, que sin ningún decoro se convierten en alabadores de su propia gestión, tiene por lo menos ahora una fecha límite. El acuerdo, por supuesto, es un acto de buena voluntad que debe conducir el proceso hacia una sucesión legítima y con una democracia fortalecida. El empeno del Instituto Federal Electoral de sanear, hasta donde es permisible el proceso, debe ser apoyado por las organizaciones políticas y por el poder público entero.
La trascendencia de la votación del domingo 2 de julio no se le escapa a nadie. Los candidatos deben asumir el compromiso de contender limpiamente, sin importar la manera en que cada uno de ellos interpreta su posición en las encuestas.
A cuatro meses y 10 días de las elecciones, muchas sorpresas pueden ocurrir. Sirva recordar simplemente el panorama que teníamos cuatro meses atrás: aspirantes punteros de entonces, son ahora sólo historia. Interesa, por ello, que nos atengamos a las reglas de juego concertadas libremente y con toda responsabilidad.
Importa que la contienda sea limpia, equitativa, y que los resultados de la elección sean confiables y universalmente aceptados. Es momento de enviar buenas senales, de evitar ruidos e intromisiones en el proceso sucesorio. La sociedad está vigilante y sancionará a quienes atenten contra el acuerdo. Sólo en una forma civilizada podremos avanzar seriamente en la ruta de consolidar nuestro sistema democrático. (El Universal).
