Todos somos iguales ante la ley, dice nuestra Constitución, pero cuando se trata de solicitar un amparo los beneficios se inclinan hacia quienes pueden costear un juicio saturado de tecnicismos y trampas procesales. Los legisladores deben modificar el juicio de amparo para que la protección a los derechos fundamentales no sea únicamente asunto de especialistas, grandes empresas y órganos del Estado, sino de justicia para el común de los ciudadanos.
Apenas 2% de las más de 676 mil empresas contribuyentes gana amparos para obtener de vuelta el pago de sus impuestos, de acuerdo con reportes de 2005 a 2007 de Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación.
Justo ahora el gobierno federal litiga el juicio masivo más cuantioso de su historia por 70 mil millones de pesos. Son 31 mil demandas contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Esa élite obtiene ventajas económicas frente a sus adversarios al liberarse del pago de impuestos y, por lo tanto, recurre con frecuencia a los amparos como parte de una estrategia de negocios. Y les funciona: de 2001 a 2006 la Secretaría de Hacienda tuvo que devolver 47 mil 183 millones de pesos por juicios que ganaron aquellas empresas, la mitad del presupuesto para seguridad pública y combate a la delincuencia de este ano.
En respuesta, Ejecutivo y Cámara de Diputados planean legislar para hacer que los impuestos declarados inconstitucionales -gracias a la promoción de un juicio de amparo- no sólo beneficien a quien lo promovió sino a todos aquellos que se encuentren en una situación jurídica similar. La propuesta cancela, además, la devolución de impuestos anulados por esa vía.
Más allá del beneficio a las arcas públicas, una reforma al juicio de amparo, para hacer que sus efectos sean generales, eliminaría el sesgo elitista de dicho instrumento y dotaría nuevamente a ese apartado de la justicia mexicana de su original espíritu garantista. (El Universal)
