"Francisco Valdés Ugalde * SUN
EL jueves pasado EL UNIVERSAL publicó un estudio sobre la corrupción realizado por CEI Consulting and Research. La investigación evalúa el impacto de la corrupción en pequenas y medianas empresas. Los datos publicados por Silvia Otero y Fernando Pedrero son más que preocupantes y deben mover a la reflexión y a la acción.
La encuesta levantada entre las empresas revela que casi la mitad (43%) usa el soborno habitualmente. La mayor parte de estas ""contribuciones"" se da a funcionarios municipales (57%), en segundo lugar a funcionarios estatales (38%) y en tercero a funcionarios federales (18%). Este tipo de empresas genera más de 40% del Producto Interno Bruto (PIB), y destina 10% de sus ingresos anuales a pagos ilegales. Esta cantidad equivale a 4.5% del PIB.
El estudio estima que las prácticas corruptas le cuestan al país una cifra equivalente a 12% del producto interno, lo que representa pérdidas por 43 mil millones de dólares. Además, la investigación reporta que la población en general empieza a exponerse a actos de corrupción desde los 12 anos de edad. Por si fuera poco, se informa que 40 empresas transnacionales entrevistadas reportaron que ""35% de la inversión extranjera que decidió no entrar al país en los últimos cinco anos lo hizo por una percepción de alta corrupción y opacidad para generar negocios"" (EL UNIVERSAL, 11/08/05, p.15).
Lo alarmante de estas cifras es que no sólo representan pérdidas económicas puntuales, elemento de relevancia por sí mismo. También evidencian que se trata de una práctica generalizada que se repite cotidianamente y es consustancial al funcionamiento de la maquinaria económica y administrativa pública y privada en que se desenvuelve la economía del país y las actividades de la sociedad. Participar en transacciones corruptas es una práctica arraigada profundamente en la vida cotidiana de los mexicanos, en todos los niveles socioeconómicos e instancias de responsabilidad pública.
Si atendemos a las cifras, el impacto económico de la corrupción es lacerante. Sólo tomando en cuenta a las empresas medianas y pequenas, que ofrecen 43% de los empleos en el país, las transacciones ilegales representan la décima parte de los ingresos que reciben a cambio de su actividad.
La afirmación de que 35% de los capitales que decidieron no ingresar al país fueron inhibidos por los obstáculos que representa la corrupción, deja fuera de duda que buena parte del mal desempeno económico del país se origina en los incentivos negativos que implica el intercambio permeado de corrupción. La conclusión es contundente: la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y a la capacidad de las empresas para desempenarse con éxito. zCuál es la naturaleza profunda de este fenómeno? Se dice, no sin razón, que la corrupción es un fenómeno cultural, es decir, que está arraigado en las costumbres y valores sociales. Sin embargo, frecuentemente se olvida que ""lo cultural"" es resultado de mecanismos complejos que se ponen en movimiento como resultado de necesidades generales.
Las prácticas asociadas a la actividad económica son ""culturales"" en el sentido de que representan fórmulas generalizadas y reiterativas para resolver los problemas concretos que emanan de las motivaciones humanas más elementales: la subsistencia y la obtención de utilidad. El soborno es el intercambio de un bien a cambio de decisiones que controla la administración pública. El perjuicio más grave que ocasiona es impedir que el intercambio económico vaya respaldado por un edificio estatal que protege intereses legítimos en condiciones de igualdad. Si se quiere poner en marcha una empresa, y para ello es necesario conseguir permisos que no se consiguen sin recurrir al soborno, es obvio que éste se multiplicará.
La racionalidad jurídica de la administración pública consiste en ofrecer un marco de igualdad y seguridad a quienes participan en el intercambio económico. La corrupción generalizada altera estas condiciones, inserta un principio de desigualdad al favorecer a quienes dan ""mordida"" y perjudicar a los que no la dan, y establece un grueso umbral de incertidumbre debido a la discrecionalidad de las autoridades.
Esta desviación de la finalidad explícita de la administración deriva de que las normas imperantes (sociales y jurídicas) no sancionan con rigor a quien incurre en actos de corrupción, sino que es permisiva y hasta alentadora de las mismas. De este modo, ""lo cultural"" de la corrupción no es una esencia espiritual, sino ante todo una estructura que se imprime en las prácticas cotidianas del intercambio económico.
Solamente un giro completo de las estructuras permisivas de la corrupción puede hacerle frente con eficacia. Se trata de elevar el costo de corromper y corromperse, haciendo que el precio del soborno sea más alto que sus beneficios. La única receta que la humanidad conoce para hacerlo es formular reglas de cumplimiento general obligatorio acompanadas de una eficaz amenaza de hacerlas cumplir.
La historia de los remedios para corregir la corrupción es una historia de fracaso: no ha invertido el peso de la corrupción en el edificio público. Está a la vista el hecho de que este cáncer sigue teniendo un peso desmesurado en su funcionamiento.
Investigador del IIS-UNAM.
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