El denominado “cártel inmobiliario de Chiapas”, es una agrupación delictiva transexenal que inició operaciones en el gobierno de Manuel Velasco Coello y en él estarían involucrados autoridades que recibieron sobornos e incluso mansiones en fraccionamientos privados, por lo que los afectados pidieron al gobernador Eduardo Ramírez ampliar las investigaciones para reclasificar el delito a asociación delictuosa.
En conferencia de prensa, las y los afectados en voz de Heine González Velázquez y Miguel Ángel Vázquez López, expusieron su agradecimiento al mandatario estatal por la detención de Erick “N”, pues representa la oportunidad para encontrar la justicia que tanto anhelan.
Carpetas de investigación
Dijeron que apenas detenido Erick “N”, se robustecieron las acciones jurisdiccionales para integrar las carpetas de investigación y se agregó la denuncia de un fraccionamiento completo que nunca fue entregado al comprador.
Por ello, el monto de lo demandado podría sumar los 100 millones de pesos (mdp), producto de ahora, unas 30 carpetas de investigación.
Asimismo, dijeron que estarán pendientes del desarrollo del procedimiento contra Erick “N”, pues desde su óptica emitieron diversas irregularidades previas a su detención.
Aducen, insistieron, en la participación de diversas autoridades gubernamentales y algunos líderes de asociaciones civiles que facilitaron los mecanismos para que el hoy detenido pudiera operar al resguardo de la impunidad.
Coincidieron que el grupo defraudado presume la coparticipación de algunas autoridades, incluso les han expuesto entre sus investigaciones particulares que muchos funcionarios recibieron sobornos e incluso regalos como mansiones en fraccionamientos privados.
Por ello solicitaron al mandatario del Estado instrumentar acciones para investigar estos actos denunciados contra funcionarios, para que eventualmente sean vinculados por el delito de asociación delictiva.
Explicaron que algunos de los defraudados incluso ya han fallecido, pero no así la esperanza de que se imparta justicia y se restituyan los derechos de las y los chiapanecos que fueron víctimas de este ilícito.
