"Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez son tres mandatarios que se han caracterizado por su falta de respeto a la libertad de expresión y hacia otras garantías; los tres desean creer que acallando a los medios de comunicación desaparecen la inconformidad, la disidencia y la diversidad de opinión.
En Venezuela prácticamente se ha aplastado a todo aquel medio de comunicación que haya criticado al mandatario. En Bolivia y Ecuador los conflictos por la expresión de opiniones lastiman incluso a los indígenas, y de ellos dan cuenta legisladoras mujeres del Congreso de ese país.
En este contexto viciado, no causa sorpresa que el responsable de Comunicación Social de la Presidencia de Ecuador, Fernando Alvarado, restara legitimidad a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para opinar sobre la situación de la libertad de expresión en ese país.
""La SIP no tiene legitimidad moral ni ética para mandarle carta a ningún presidente de ningún país"", ha espetado el portavoz a una radioemisora de Guayaquil.
El titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, envió una carta al presidente Rafael Correa, en la que señaló que los juicios ""promovidos contra periodistas independientes y el diario El Universo"" son ""intimidación y acoso"" para ""limitar"" la libertad de expresión.
La carta fue enviada tras una reciente condena de un juez de garantías penales de Ecuador contra el ex editor de El Universo, Emilio Palacio, y tres ejecutivos de ese diario, en una querella por injurias calumniosas que interpuso el presidente Correa.
Marroquín sostuvo que el fallo contra El Universo ""es atentatorio no sólo contra el medio de prensa, sino también en contra del pueblo ecuatoriano, porque finalmente se está afectando el derecho que éste tiene a recibir información"".
Sin embargo, Alvarado dijo que la SIP es ""un cártel de dueños de medios de comunicación"" que sólo protegen sus intereses y añadió que el pronunciamiento de Marroquín no favorece la causa de El Universo.
Lo que suceda y deje de suceder con estos tres personajes debe ser motivo para estar al pendiente de que una vez agotado el periodo original de sus mandatos cumplan con la democracia. Estos tres mandatarios -es decir, depositarios del mandato soberano del pueblo- son de acuerdo con el comportamiento observado, el ""cártel de los que no quieren ir"", junto con el depuesto Manuel Zelaya Rosales, de Honduras, quien ya planeaba hacer una consulta sobre los tiempos en la Constitución de ese país.
Así, si la SIP es el cártel de los dueños, ellos tres son el ""cártel de la antidemocracia"".
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