En un intento de resolver el problema político de Oaxaca, mediante una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación -en la que comparecían representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)- ni el gobierno federal ni el estatal llegaron a conclusión alguna, lo que derivó en el anuncio de próximos plantones de esa organización social en el Distrito Federal, frente a algunas embajadas y ante el Senado de la República.
Es lamentable que no haya habido avances en las conversaciones y que, en lugar de atenuarse el problema se agudice y transfiera a la capital del país, que acaba de padecer la experiencia de un incómodo plantón postelectoral en algunas de sus principales vialidades.
El equipo de transición del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa ya expresó su preocupación de que el problema le vaya a ser heredado el primero de diciembre, en virtud de que el problema, que manana cumplirá cuatro meses, se ha enconado por la irreductible demanda de la destitución del gobernador.
Además de la toma de edificios públicos en Oaxaca, el largo periodo sin clases en las escuelas, el cierre temporal de caminos, comercios, hoteles y centros turísticos, inclusive la fiesta anual de la Guelaguetza, los voceros de la APPO reiteraron que en los plantones seguirán incorporados ninos, en un claro intento de desalentar acciones policiacas en su contra.
Aunque el gobierno capitalino anunció que respetará toda manifestación pacífica, urgió al gobierno federal y al de Oaxaca a resolver un conflicto que ya se extendió a la capital de la República, con todas sus indeseables consecuencias, y ya hay una perceptible tentación en algunos sectores de la sociedad de emplear la fuerza pública para imponer el orden. Eso sería peligroso en extremo.
Todos los actores políticos deben privilegiar el diálogo y la negociación para resolver los conflictos y rechazar el uso de la violencia de ambas partes. No será mediante la agresión mutua como se podrán conciliar las diferencias. La tolerancia tiene aquí una prueba capital.
El trato con quienes sostienen posiciones diferentes y hasta radicales puede ser agotador, pero es necesario encauzar el diálogo con razones y acciones políticas.
Ha sido el uso inmediato de la violencia legítima del estado de Oaxaca la que empeoró el conflicto, que comenzó con una demanda salarial que regularmente se resuelve en negociaciones de menos de treinta días, y con una solicitud de rezonificación de los maestros de la sección 22, que significa un aumento salarial de 1,700 millones de pesos, de los cuales los gobiernos federal y estatal ofrecieron 117, menos del 10%.
La dureza oficial para negociar este punto disparó el conflicto con el sindicato hacia un problema mayor, donde intervinieron nuevos actores, con la exigencia adicional de que el gobernador Ulises Ruiz renuncie a su cargo.
El Senado eludió el problema que ahora, sin las negociaciones en Bucareli, queda nuevamente al garete.
El arreglo requiere negociaciones, pero quienes participan en éstas deben estar ciertos de que difícilmente van a ver satisfecha la totalidad de sus demandas. Algo tienen que ceder. (El Universal).
