Hasta hace pocos anos no era ningún misterio saber cómo trabajaba el Congreso de la Unión, cuáles eran sus mecanismos de consulta y las razones, propósitos e intenciones de las leyes que formulaba y de las enmiendas que hacía inclusive a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El honorable Congreso simplemente complacía los deseos del jefe del Poder Ejecutivo, sin importar contradicciones, aberraciones, caprichos o tanteos. A la avasalladora mayoría del partido en el poder no la detenía nadie ni le importaba el qué se diría. Votaban como se les indicaba, o los botaban y daban así por terminada su carrera en el servicio público.
Ahora que tres partidos principales comparten los votos y no hay una Presidencia superpoderosa, los legisladores tienen la opción de seguir las indicaciones de sus líderes -adscritos a la dirigencia de sus respectivos partidos políticos- o quedan a merced de los cabilderos de los diversos grupos interesados en influirlos.
Lo que pase en realidad queda oculto al escrutinio público, o al menos ciudadano, porque la práctica de la transparencia en la que estamos ejercitándonos no ha logrado transponer los muros del Palacio de San Lázaro y la casona de Xicoténcatl. Así, los resultados quedan bajo sospecha y sólo podemos especular a la luz del análisis de las consecuencias del trabajo legislativo. La lista de asuntos en los que se ha hecho evidente la sumisión de los legisladores a presiones de particulares beneficiados van desde las recientes reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión -para dejarles automáticamente las frecuencias liberadas por los avances tecnológicos, poner en subasta las nuevas frecuencias, entre otras prebendas-, hasta la anulación de impuestos a las productoras de cigarros, el rescate bancario (Fobaproa) y otros casos.
Si bien las sesiones de las cámaras son públicas, no ocurre lo mismo con las juntas de las comisiones, que es donde las leyes se cocinan. Allí es donde las iniciativas se analizan a fondo, se proyectan los resultados y se redactan las leyes que finalmente se someten al pleno. En el proceso, los funcionarios de las dependencias involucradas en la materia son consultados, pero también comparecen los particulares que serán afectados por la legislación.
El asunto tiene matices positivos. Es por supuesto necesario, conveniente y plausible que el mayor número posible de personas sobre las cuales la legislación tendrá efectos directos comparezcan y den a conocer sus puntos de vista, observaciones u objeciones. La cuestión es que esto debe hacerse públicamente, de manera transparente.
Los cabilderos, que desarrollan una función de utilidad, deben actuar dentro de un marco de reglas que consideren sus derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades.
La compra de voluntades de diputados y senadores, mediante estímulos persuasivos o disuasivos de que llegan a ser objeto, es propiciada entre otros factores por vacíos legales de la propia Ley Orgánica del Congreso y de su Reglamento Interior, que han dado pie a un desempeno cuestionable de muchos legisladores.
El Congreso se ha mostrado renuente a transparentar su trascendental actividad legislativa. Es un reclamo nacional que esto termine. Ponerse a disposición de un interés privado, negociar el voto, a cambio de prebendas particulares, como bonos o pagos en especie y en efectivo, puede fácilmente ocurrir mientras se mantenga el secreto de todo el proceso intestino sobre la generación de leyes.
Hoy el Congreso está ante el desafío de continuar un desempeno muy criticado o corregir el camino. Están a la vista procesos políticos muy relevantes para el país, incluyendo la negociación de reformas estructurales postergadas, y los mexicanos reclaman apertura, acceso a la información y plena transparencia. Los legisladores ganarán en credibilidad y México, en legitimidad de sus nuevas leyes. (El Universal)
