La inseguridad pública en México ha repuntado. Hoy mismo es una constante violenta y dramática. Ello tiene diversas aristas que deben analizarse con la prontitud de un grave problema de Estado. Una de las más importantes es, sin duda, la que se refiere a las leyes, ya que existen graves deficiencias en su aplicación, lo cual les facilita a los criminales la impunidad y la reincidencia.
Entre el Ejecutivo y el Legislativo ha surgido una nueva controversia en torno de este tema. Los legisladores han rechazado el reclamo hecho en su contra por el Presidente sobre la tardanza en aprobar la iniciativa de reforma al sistema de justicia penal enviada por el Ejecutivo; sin embargo, es positivo que el Senado se haya abocado ya a su análisis.
No puede ser este un momento para iniciar un nuevo enfrentamiento entre ambos poderes, sobre todo, dada la exigencia desesperada de la opinión pública de que se haga todo lo necesario para terminar, ya, con una criminalidad que parece no tener freno.
Las dos partes deben comprender que la situación es grave y que no es posible aplazar más la aplicación de las soluciones.
El presidente Fox reiteró ayer a los legisladores del PRI y del PRD que urge aprobar sus reformas. Por supuesto, los legisladores deben analizar y hacer sus propuestas para llegar a un punto de acuerdo entre poderes; mientras tanto, no parece ser justo que el Ejecutivo centre su censura en los senadores de otros partidos, ya que los del suyo, Acción Nacional, son los que controlan la Comisión de Justicia del Senado y no han apresurado los trámites y la discusión que demanda el proyecto.
Es muy lamentable que ambos poderes insistan en politizar el asunto y que usen la delincuencia como arma para descalificar al adversario.
Difícilmente podrá prosperar cualquier programa contra la delincuencia si su posible éxito va a ser manejado como un mérito de algún partido, o bien si su fracaso será invariablemente endosado como una crítica a los adversarios políticos. Esa es una historia interminable e irresponsable en todo momento.
La iniciativa del Presidente propone crear una Policía Nacional, fusionando la PFP y la AFI, y convertir en fiscalía independiente a la PGR; los resultados, según promete, influirían en la reducción de la impunidad y en el logro de una justicia más expedita. Cabe esperar que, en todo caso, lo que resulte del análisis de los legisladores permita solucionar pronto la grave situación que vivimos.
Urge que se tome con seriedad el proceso legislativo para derivar en un nuevo procedimiento legal que abata la criminalidad, la violencia, la impunidad y la inseguridad pública.
Mientras tanto, urge también que las autoridades encargadas de prevenir la delincuencia y procurar justicia hagan su trabajo de inmediato y de forma eficaz para evitar más derramamiento de sangre, más dolor y, sobre todo, que se castigue a los criminales probados.
Es decir, las policías locales y federales tienen ya, en este momento, y sin depender de reforma alguna, recursos y autoridad suficiente como para hacer frente y capturar a quienes han causado las acciones atroces que más han impresionado a la opinión pública en estos últimos días.
Lamentamos, en particular, los hechos ocurridos recientemente con las ninas victimadas en Ciudad Juárez hace apenas unos días.
El problema de la inseguridad sólo se resolverá cuando todos los poderes de la Unión, así como todos los órdenes de gobierno, se decidan a trabajar no para ellos, sino para la seguridad pública del país. (El Universal).
