SI se toman como indicio de las tendencias de opinión sobre las elecciones, en un momento preciso, las encuestas tienen un indudable valor como registro que permite observar variaciones o avances ante declaraciones, actos, revelaciones, denuncias y debates.
Y sin embargo, los sondeos de opinión, importa subrayarlo, no reemplazan las elecciones, que son las que decidirán quién es el próximo Presidente de la República.
Las controversias sobre las diferentes muestras levantadas por los encuestadores se acentuarán conforme nos acercamos al domingo 2 de julio, día de los comicios federales. Son, las encuestas, instrumentos legítimos y útiles para saber qué opina la gente, siempre y cuando ofrezcan toda la información pertinente sobre los métodos de trabajo, los cuestionarios y la selección del universo interrogado.
Más importante todavía es la revelación de quién paga a la empresa encuestadora, que debe estar por encima de toda sospecha.
El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, AMAI, Manuel Barberena Cruz, observa que hace algunos anos repentinamente emergían companías encuestadoras, nunca antes conocidas, que difundían sus resultados con más efectos negativos que positivos. Actualmente, las companías que se encargan de esa tarea tienen existencia reconocida, lo que contribuye a la confiabilidad de sus datos.
Falta aún generalizar la práctica, que debiera ser obligatoria, de anunciar quién contrató los servicios de la empresa, no sólo porque puede haber una irrefrenable tentación de entregar resultados halagüenos al patrón, sino porque un hábil manejo de los números, las muestras o las preguntas inducen respuestas previsibles o deseables.
Durante las campanas políticas las encuestas adquieren una relevancia inusitada, pues tienden a sumar votos al candidato que va a la cabeza, de parte de electores que quieren estar con el ganador o contribuir a su victoria.
Pronto, seguramente será conveniente considerar si las casas dedicadas a las encuestas deben ser sometidas a una regulación que permita autorizar su metodología y obligarlas a mostrar quién las contrató, tal como ahora al Instituto Federal Electoral impone límites a los horarios en que los resultados pueden ser divulgados el día de la elección para impedir que entonces, como ahora durante la campana, las encuestas se manejen como arma de propaganda.
Cada campana electoral es una nutrida fuente de experiencias que deben ayudarnos a ir depurando la normatividad en la materia. Al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral debemos estar siempre bien dispuestos.
El riesgo de que uno de los candidatos vaya siempre a la cabeza en los sondeos de opinión es que si sorpresivamente resulta derrotado en los comicios, puede levantarse con una protesta fincada en los reiterados informes de las encuestas, cuestionar la elección completa y recurrir a métodos indeseables para tratar de imponer una impresión sobre un hecho concreto y legal.
Veamos las encuestas como lo que son, un barómetro que mide la presión hasta que se estabiliza y nos permite pronosticar si tenemos buen tiempo o nos amenaza una tormenta. (El Universal)
