La corrupción en el gobierno, siempre condenable por lo que significa saquear fondos públicos, traicionar la confianza depositada en el funcionario y pasar por encima de todo principio moral y de toda noción de responsabilidad, adquiere visos de crueldad cuando se ceba en fondos celosamente concentrados para acudir de inmediato en auxilio de las víctimas de desastres naturales, con agua, víveres, medicamentos y material de curación, cobertores y colchonetas, quienes han quedado momentáneamente aisladas y desprotegidas.
Eso es lo que parece que ha ocurrido en la coordinación general de Protección Civil, donde los auditores de la Secretaría de la Función Pública han encontrado presuntas irregularidades por 200 millones de pesos por pago de auxilios no entregados, sobreprecios y otros vicios. De probarse los hechos que se indagan, se configurarían delitos como peculado, prevaricato, responsabilidad oficial, enriquecimiento ilícito y otros.
La coordinadora general de Protección Civil, Carmen Segur Rangel, fue separada de su cargo la semana pasada, dos anos después de que el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, pudo haber sido informado de la posible falta de probidad en el manejo de los fondos. Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, afirmó que no hay indicios de que Creel hubiera estado involucrado con los desvíos de recursos del Fonden, que dependía de él, pero advirtió que él no exonera nunca a nadie, por tanto, será conveniente que quede esclarecido de forma fehaciente este aspecto de la investigación.
Hay una gran diferencia entre estar involucrado en los manejos indebidos del Fonden y no tener responsabilidad, como funcionario a cuyo cargo estaba el Fondo, sobre todo si ya había sido informado de lo que sucedía.
Por supuesto, tendrá que ser la Secretaría de la Función Pública la que documente los ilícitos, si los hubo, para someterlos a la autoridad judicial que establezca culpas y responsabilidades, y las sanciones correspondientes. En esto, esperamos una actitud absolutamente responsable de la instancia.
El vicio de la corrupción está poderosamente enraizado en el mundo del poder público, estimulado por el alarde de riquezas malhabidas con toda impunidad. En México la corrupción es una enfermedad que aún no tiene alivio y que dana de forma gradual, pero firme, a todo nuestro cuerpo social. Es tiempo, ya, de encontrar soluciones definitivas a este flagelo, desde aquel que ocurre en el ámbito burocrático y hasta el que mueve la maquinaria cotidiana en la relación gobierno-ciudadanos. El que es proclive al latrocinio, no pierde oportunidad de levantar cualquier bien que sea confiado a su cuidado.
No han cambiado mucho las cosas, en materia de corrupción, de un régimen a otro, aunque ahora la sociedad tiene mejores formas de enterarse de lo que ocurre y de demandar una investigación en forma que sirva no sólo para restituir lo hurtado y castigar a los responsables que resulten, sino también para tomar las medidas administrativas conducentes para perfeccionar los mecanismos de control de auxilios.
Este caso ya se denunció, y se investigará, pero entre tanto los socorros no llegaron a su destino, aunque bien sabemos las consecuencias directas para los damnificados y la pérdida de confianza hacia las autoridades de Protección Civil.
Es necesario un esclarecimiento de los hechos ocurridos con el Fonden, sin ocultamientos y en defensa de los recursos nacionales, los mismos que fueron asignados por todos a gente a quien urgía su beneficio. (El Universal).
