La diligencia ministerial de desahogo de pruebas realizada ayer por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y peritos de la PGR, en torno al predio El Encino, por el cual pesa desde mayo pasado una demanda de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, reabrió uno de los frentes más delicados de la relación entre el gobierno federal y el capitalino, que superó el nivel de simple caso judicial para convertirse en un fuerte cruce de acusaciones políticas.
La intensidad de este debate, sin embargo, deberá atemperarse en función del contexto actual, que demanda de todos los actores políticos mayor sensatez a la hora de evaluar los problemas nacionales y de emitir sus juicios. Durante 2004, las diferencias entre la Presidencia de la República y el gobierno perredista de la capital fueron tan estridentes, que se afectó la coordinación entre ambas entidades a niveles en los que se vieron afectados aspectos tan importantes de la función de gobierno como por ejemplo en el tema de seguridad pública. Fue apenas hasta la semana pasada que hubo un incipiente acercamiento entre los titulares de seguridad pública federal y capitalino para pactar mayor colaboración en esta materia, luego de los trágicos linchamientos de noviembre en San Juan Ixtayopan, Tláhuac.
En su momento comentamos que ese es el clima de cooperación y civilidad que conviene al país, porque de otra forma, al priorizar las consideraciones político-partidistas por sobre los intereses de la ciudadanía, entonces nadie gana, ni el país ni quienes promueven en su favor la discordia.
El caso de El Encino ha sido promovido por el Ejecutivo federal, pero serán las instancias, primero legislativas al resolver el desafuero del jefe de Gobierno capitalino y después judiciales al sentenciar en un sentido u otro la demanda las encargadas de darle cauce legal y determinar si, en efecto, el gobierno capitalino incurrió en un desacato o fue una mala interpretación de la ley por parte de la PGR.
Como sea, habrá que confiar en la fortaleza de nuestro sistema judicial, que se está haciendo cargo de dirimir las diferencias entre niveles de gobierno, quienes el ano pasado demostraron gran incapacidad para negociar y consensuar soluciones entre sí.
Como una prueba más de un clima nacional de distensión, ya hubo, la semana pasada, un acercamiento entre la Secretaría de Gobernación y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para acordar mayor disposición al diálogo, después de la guerra de declaraciones desatadas en torno de las impugnaciones al Presupuesto de Egresos de 2005. Ambas partes dijeron ser respetuosas de lo que concluya la Suprema Corte al respecto.
No podemos irnos indefinidamente por la pendiente del encono y el enfrentamiento. Por mucho trabajo que cueste a los actores políticos ponerse de acuerdo o dejar de verse como enemigos, lo que siempre queda en medio y en la indefensión son los intereses de la ciudadanía que, por cierto, todos dicen defender.
El caso de El Encino no debe ser el pretexto para volver a la guerra de declaraciones o a la parálisis en la colaboración entre gobiernos, sino un episodio que, independientemente de sus motivaciones originales, debe ser resuelto por la vía estrictamente judicial. Los actuales son tiempos de civilidad y de reconocer que la democracia implica insospechados retos de convivencia política. (El Universal).
