"Francisco Valdés Ugalde * SUN. Un destacado demócrata mexicano, al que admiro por su sencillez y sabiduría, me ha senalado con una frase la fragilidad de nuestro avance democrático: ""El mismo escalón que sirve para subir, sirve también para bajar"". Y parece que la realidad le ha tomado la palabra. Los afanes de las fuerzas democráticas por construir un sistema justo de instituciones electorales están cerca de una crisis que puede llevarlos al colapso y la regresión. La impugnación política de la elección del 2 de julio dista mucho de corresponderse con la impugnación jurídica. En la información proporcionada por el PRD no hay ninguna evidencia para suponer que la razón jurídica apuntala el alegato político con el que se ha convocado a las movilizaciones de calle. Más aún, el descontento expresado por un sector de quienes apoyan a su ex candidato presidencial no hace caso alguno al sustento probatorio que su partido está obligado a ofrecer en vista de la dimensión de su protesta.
De este modo, se hace presión sobre las instituciones electorales sin afrontar la responsabilidad de acumular las pruebas que, en rigor de su responsabilidad como partido político, le correspondería. Hay que recordar que entre las bases por las que ha sido acreditado con un registro oficial está su previa aceptación de las reglas jurídicas del sistema electoral. De este modo, el PRD recurre a la más atrasada de las fórmulas políticas para expresar lo que no puede ser sino la voluntad de imponer su interés unilateralmente. En el discurso en los medios y en la calle, la presunción del fraude rebasa su capacidad para acreditar las sospechas de que los ciudadanos y funcionarios a cargo del proceso electoral actuaron masivamente para alterar los resultados que, suponen, habrían sido a su favor. El Tribunal Electoral tendrá que vérselas con este hecho y deberá apegarse a juzgar por la letra y el espíritu de las reglas jurídicas mutuamente convenidas en un Congreso que ha sido pluripartidista desde la adopción de estas fórmulas y a la jurisprudencia electoral establecida por el propio tribunal.
Mucho hemos insistido en la insuficiencia de estas instituciones en el sentido de su incompletitud. Pero no son incompletas porque no puedan hacerse cargo del cometido de contar los votos y garantizar su integridad, sino por la insuficiente autonomía y poder que las hace en extremo vulnerables a la manipulación de los partidos cuando éstos extralimitan la presión sobre ellas.
La dinámica dominante de acción de los partidos políticos es la disputa por un poder hegemónico que sigue presente más en su imaginación que en la realidad, adobada por una institución presidencial proverbialmente nociva en la historia nacional. El desfase es notorio, pero aún insuficientemente percibido por la opinión general. Mientras que el sistema de gobierno tiene como supuesto que el ganador de la Presidencia obtenga una mayoría abrumadora en el Congreso y en el sistema federal, la realidad del pluralismo lo desmiente una y otra vez.
Hace 16 anos se emprendió, por acuerdo consensuado de todos los actores fundamentales, la construcción de un sistema electoral que pudiera contener y arbitrar equitativamente la competencia entre opciones partidarias. Este objetivo se consiguió con creces: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los institutos electorales de los estados y los consejos distritales forman una red de organización y control de los procesos electorales que ha pasado las pruebas más concienzudas de escrutinio nacional e internacional.
Pero el sistema de ejercicio del poder, es decir, el Estado en su concreción como forma de gobierno sigue teniendo un centro de gravedad demasiado poderoso en una institución presidencial anacrónica. La ""silla embrujada"" sigue siendo la madre de todas las discordias. Esta dinámica y sus ramificaciones en las instituciones de gobierno que hoy se distribuyen en forma pluralista produce dos efectos principales: 1) subordinar las instituciones a los intereses de coyuntura, y 2) propiciar escenarios de ""deserción"" de los actores respecto de las reglas instituidas (y aceptadas por ellos) cuando les resultan inconvenientes.
El Tribunal Electoral tiene frente a sí un importante dilema que atane a este problema general y trascendente de la coyuntura actual: aceptar que el camino a seguir es la manipulación de las reglas previa y mutuamente convenidas en las instancias constitucionales de decisión estatal o ratificar que los procedimientos de arbitrio se sujetan a estas reglas y que la razón política fundamental reside en cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por ese consenso republicano. La cuestión trasciende a la situación presente por cuanto ha sido una práctica consuetudinaria general subordinar las reglas vinculantes a prácticas que las contravienen para hacer trajes a la medida. Sería pertinente para los intereses de la nación que la razón del cambio se introyectara en las instituciones y no al revés, que los promotores del cambio pasen por encima de ellas como si no las hubieran aceptado previamente.
Se ha conseguido un estándar de respetabilidad en el plano electoral. Seguir adelante en lo que falta por cambiar, que es el sistema presidencial, entre otras cosas, exige que las reglas que se busca cambiar sean transformadas por medio de las normas jurídicas que nos facultan para hacerlo y no a través de procedimientos para conjurar profecías de inestabilidad provocadas por el profeta mismo. Lo exige la seriedad y lo demanda el sacrificio de millares de hombres y mujeres que se empenaron en todos los frentes por erigir un sistema de instituciones electorales que diera carta de ciudadanía a la efectividad del sufragio.
Proceder de otro modo es dar la espalda a la República que la nación ha venido construyendo. La cuestión es si subimos al siguiente escalón o vamos de regreso. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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