“La violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, sino que tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la delincuencia organizada, sin que el Estado mexicano intervenga para dar solución y proteger a las comunidades”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
En un comunicado añadió que “las experiencias que vivieron reporteros y la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, el 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de controles carreteros”.
Señaló que “con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio”.
Esta situación, añadió, “se caracteriza no solo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades”.
Manifestó que “pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, además de asesinatos y torturas, entre otros”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que “asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia, que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial”.
Mencionó que “comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a ‘organizaciones’ que se configuran como su brazo civil, así como a pagar ‘derecho de piso’. La resistencia a este dominio se castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos”.