El Estado mexicano ofreció una disculpa pública y firmó un acuerdo con los familiares de un niño que murió y de dos más que resultaron lesionados en el año 2000 al estallarles una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, a diez kilómetros de esta ciudad.
En representación del Estado mexicano, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que el convenio firmado ayer, producto de una solución amistosa, contiene una serie de medidas que garantizan una reparación integral del daño, a través de acciones de rehabilitación, garantías de no repetición, una compensación económica justa y calculada de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, la prestación de servicios de salud y el otorgamiento de becas, entre entras.
Agregó que como parte del derecho a la memoria, la clínica de la comunidad de El Aguaje, donde ocurrieron los hechos, llevará el nombre de Angel Díaz Cruz, quien murió al estallar la granada y se develará una placa en su memoria, además de que se apoyará a los afectados con proyectos productivos y empleos.
José López Cruz explicó que el 17 de septiembre de 2000, en la comunidad El Aguaje, que colinda con los terrenos de la 31 Zona Militar –situada a diez kilómetros de la ciudad de as Casas–, sus hijos José Leonardo y Ricardo López Hernández, de 17 y 11 años de edad, respectivamente, y su sobrino Ángel Díaz Cruz, 7 años, salieron “a buscar hongos en los terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como eran niños no sabían y entraron al campo de tiro”.
Hechos
Dijo que los menores “encontraron una granada, por lo que decidieron llevarla a su casa, pero cuando la traían se la dieron a José Leonardo, quien no la pudo agarrar, cayó y explotó”.
Señaló que sus dos hijos quedaron gravemente lesionados y su sobrino falleció el mismo día en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, debido a la gravedad de las heridas, ya que la granada le destrozó el estómago.
López Cruz manifestó que a su hijo José Leonardo “le afectó el pie y no quedó bien porque le dañó un tendón y no tiene movilidad en la parte del tobillo”, mientras que a Ricardo “se le salió la carne de la pierna”.
Campa Cifrián afirmó que “el caso tiene su origen en la falta de cuidado de autoridades del Estado mexicano que tenían la responsabilidad de resguardar y custodiar adecuadamente y bajo los más altos estándares de seguridad artefactos como las granadas de fusil antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad”.
Presente en el acto efectuado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el gobernador Manuel Velasco Coello aseveró que “la justicia no sólo implica que los culpables reciban la sanción prevista por la ley sino reinvindicar los derechos de las víctimas como se está haciendo hoy”.
