El Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el asesinato de tres indígenas tseltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido en el ejido Morelia municipio de Altamirano, el 7 de enero de 1994 y firmó con sus familiares, un acuerdo “para hacer justicia”, como resultado de un convenio suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el acto que se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, con sede en Las Casas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que “sabemos que el Estado tiene una responsabilidad, que ha pasado mucho tiempo y la intención es atender oportunamente lo más pronto que se pueda, cada uno de los compromisos”.
Algunos de los familiares de las víctimas y su abogado Miguel Ángel de los Santos, reclamaron la ausencia de integrantes del Ejército Mexicano, responsable del triple homicidio, a lo que Campa Cifrián respondió que por parte del Gobierno federal firmaron el convenio las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (PGR).
Acompañado por el secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, y por otros funcionarios federales y estatales, Campa Cifrían dijo en representación del Estado mexicano, que éste “cumplirá cien por ciento el acuerdo”, que contiene el reconocimiento oficial en la responsabilidad de los hechos, la reparación a través de la indemnización, además de temas educativos y salud y garantías de no repetición, entro otros.
“La firma del acuerdo es un paso muy importante porque es un asunto que tiene más de 20 años”, aseveró en entrevista posterior.
Durante la ceremonia explicó que como parte de los acuerdos suscritos con los familiares de las víctimas y de CIDH, las autoridades construirán un parque en el ejido Morelia en memoria de los tres tseltales torturados y asesinados el 7 de enero de 1994, con la respectiva placa conmemorativa, que deberá estar listo a más tardar dentro de un año. Además, será rehabilitada la escuela primaria y secundaria y se darán becas.
Se comprometió a que las indemnizaciones correspondientes, cuyo monto no precisó pero dijo que serán conforme a los estándares internacionales, se entregarán en un plazo no mayor de tres semanas.
El abogado De los Santos reconoció la importancia del acto para los familiares de las víctimas “porque constituye una manera de decirles que el Estado está al pendiente y trabajando para hacer justicia”, aunque lamentó que no asistiera algún representante de la CIDH, que emitió el informe correspondiente y propició la firma del acuerdo, que ya había sido suscrito en septiembre pero sin la presencia de los familiares.
Subrayó: “Este acto de firma del acuerdo es el inicio de un proceso de justicia que debe concluir con el castigo a los responsables de la ejecución”.
A la ceremonia asistieron las viudas Patrona López Sántiz y Paulina Domínguez Gómez -Carmen López Sántiz no acudió por motivos de salud-, así como otros familiares..
Relato de los hechos acontecidos en 1994
Los familiares de las víctimas recordaron que el 7 de enero de 1994, en el contexto del conflicto armado zapatista, elementos del Ejército federal llegaron al ejido Morelia y obligaron a los pobladores a tirarse boca abajo en la cancha de básquetbol. Luego se llevaron detenidos a Seberiano Sántiz Gómez, Sebastián Sántiz López y a Hermelindo Sántiz Gómez, todos ancianos. Sus cuerpos aparecieron días después a tres o cuatro kilómetros de Morelia.
Petrona López Sántiz, de 80 años de edad, viuda de Sebastián Sántiz, narró lo que vivió hace casi 21 años y responsabilizó al Ejército Mexicano de los hechos.
Recordó que su esposo trabajaba en la tienda comunitaria cuando llegaron los solados, quienes “saquearon los productos y los instrumentos musicales de la iglesia católica”.
Dijo que una de las víctimas pidió a los uniformados que no se lo llevaran porque estaba enfermo y la respuesta fue: “No te preocupes, ahorita te vamos a dar tu medicina”. Ella, que vio cómo se estaban dando las cosas, supuso que no era medicina sino una bala lo que le darían.
Se lamentó: “Ojalá me hubieran devuelto el cuerpo de mi marido, no que después de unos días vimos zopilotes en la zona y fueron a recoger sus restos”.
Expresó que “ese es el dolor más profundo que siento, la rabia y la impotencia que tengo. No entiendo por qué el personal del Ejército; como que no son hijos de Dios, son unos diablos por la forma en que actuaron”.
Sostuvo que “han pasado muchos años y vivimos en la carencia y pobreza extremas y no se ha hecho la justicia. No quiero que pasen muchos años más porque es mucho lo que he sufrido”.
