Francisco Valdés Ugalde * El Universal. La observación del rector de la UNAM en el sentido de que podrían presentarse estallidos sociales dada la grave situación del país, generó diversas reacciones coincidentes con ese temor.
Pero, zno será que el estallido ya llegó y se encuentra entre nosotros? En varias zonas del país, como los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Guerrero, la cantidad de muertos y secuestros que se producen alcanza cifras alarmantes. El problema no es menor en otras entidades, incluida la capital de la República. La penetración de la delincuencia organizada, especialmente la dedicada al trasiego de drogas y armas, llega a niveles que rebasan la capacidad de las autoridades para controlarla.
En muchas poblaciones de aquellas entidades el narco se ha convertido en una significativa fuente de empleo. Diversos testimonios indican que los jóvenes pueden obtener un ingreso al aceptar reclutarse con las bandas organizadas, mientras que día a día las fuentes de empleo formal y las alternativas de trabajo decrecen en el país tanto por razones crónicas y estructurales como por la coyuntura de profunda crisis económica que nos afecta. Los asaltos a mano armada con objeto de robar automóviles o pertenencias personales crecen en el país, tanto en las ciudades como en los caminos interiores. El ejército y la policía Federal patrullan muchas de las principales áreas urbanas del país. El artero asesinato del presidente de la Legislatura de Guerrero se viene a sumar a este preocupante panorama.
zNo estamos entonces ya frente a un estallido social que no se presenta como lo preferiría el imaginario colectivo: en una confrontación política abierta de sublevación contra la autoridad instituida, sino de manera soterrada y a través de redes delincuenciales que abarcan cada vez más a más personas en su lado activo y afectan a quienes se mantienen en el lado de la ley y del orden social deseado o por lo menos tolerado?
Los recuentos que por estos días se hacen de los resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad arrojan resultados muy pobres. Los compromisos adquiridos por los gobernantes del país reunidos en pleno el 21 de agosto del ano pasado se han cumplido en una magnitud muy baja comparada con la incidencia de violencia y el temor con que la población vive en la mayor parte del país.
El compromiso del Ejecutivo con la tolerancia cero al narcotráfico no se equivale con un compromiso parecido por parte de los gobernadores en las entidades federativas más golpeadas por el flagelo. Es probable que en muchos renglones los esfuerzos realizados sean plausibles; pero es innegable que la clase política se muestra incapaz de tender lazos de solidaridad efectiva con la sociedad y de mostrarse unida y coherente a la hora de enfrentar el gravísimo problema que afecta a la inmensa mayoría.
Las medidas represivas contra la delincuencia no pueden dejar de ir acompanadas de una política económica y social que atienda a las causas por las cuales muchas personas, unas que vienen de los propios cuerpos policiacos y militares, y otras de la sociedad marginada, se adhieren a las bandas como una medida de salvación económica. Las cifras proporcionadas hace varios meses por la Secretaría de la Defensa Nacional en el sentido de que una gran cantidad de militares han salido de las filas del ejército para engrosar las de la delincuencia, revelan en qué grado las propias fuerzas armadas padecen de una vulnerabilidad que se ha tornado en un arma letal contra la sociedad.
Si han desaparecido los antiguos controles mediante los que el autoritarismo sujetaba el desbordamiento de la delincuencia, produciendo un entramado de corrupción y complicidades que, no obstante, se traducía en paz social; si no es posible bajo las nuevas circunstancias democráticas generar el bienestar social necesario para que sea más conveniente incorporarse a la economía formal en vez de a la delincuencia organizada; si nada de esto es posible, entonces zcuál es la función de la clase política? zNo están ya reunidas las condiciones previstas por el artículo 29 constitucional para suspender las garantías con objeto de restablecer un orden en el que esas mismas garantías puedan protegerse?
La clase política debe una explicación a la sociedad civil. Mientras ésta llega, si es que llega, sólo es posible afirmar que la situación prevaleciente es intolerable y que los signos de descomposición social pueden ser los heraldos de un estallido que toca la puerta.
