Pobladores de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, protestaron sobre la avenida central, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir la intervención gubernamental en 441 predios que fueron invadidos desde 1994, con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Margarita Morales Gamboa, representante de los afectados, puntualizó que son cuatro mil personas las que reclaman su patrimonio, debido a que llevan más de 25 años sin poder utilizar 42 mil hectáreas.
Desalojo
Pidieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) busque un mecanismo de desalojo en la zona, considerando la serie de operativos que se han hecho en otros predios que fueron invadidos en los últimos años en el estado.
Los quejosos mencionaron que desde el año de 1994 a la fecha han promovido una serie de demandas por despojo y abigeato, sin embargo, los procesos jurídicos fueron pausados.
Después de hacer marchas, plantones y hasta huelga de hambre en años anteriores, el gobierno creó un fideicomiso para dar cuatro mil pesos por hectáreas a los habitantes y ese recurso se tenía que invertir en ganado, pero las utilidades se dividían entre los propietarios de los animales y los dueños de los ranchos.
En el 2001, relataron, la Secretaría de la Reforma Agraria quiso adjudicarse los predios pero el abuso fue detenido por la serie de amparos que realizaron los habitantes.
La producción en la región de ganado, miel, café, madera y hasta maíz, ha desaparecido por completo por el abandono de las tierras. Antes, puntualizaron, de los municipios en mención, salían más de 60 mil cabezas de ganado para surtir el mercado nacional.
Abandono
Añadieron que en la 4T se habla de suficiencia alimentaria pero miles de hectáreas productivas están en abandono en Chiapas; ahora esperan que los terrenos sean entregados a sus legítimos propietarios o que la autoridad pague el valor del espacio, para que los habitantes inicien su actividad productiva en otro lado.
Las 42 mil hectáreas, apenas representan el 2.86 por ciento de la superficie total que abarcan los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, es decir, el problema nunca fue por tierras, más bien, un asunto político que terminó por afectar a miles de familias.
Se perdió en los municipios cabezas de ganado, maquinaria y las viviendas fueron destruidas. Los afectados comentaron que, al igual que el sismo del 7 de septiembre causó daños incuantificables, en 1994 también vivieron un movimiento que terminó con el patrimonio de los habitantes.
Finalmente, Morales Gamboa comentó que en algún momento recibieron apoyo económico del gobierno, sin embargo, dejaron las escrituras de los terrenos en garantía y pelearon para quedar como dueños absolutos, pero no tienen la posesión de las tierras.
