La explosión de gas metano que causó la muerte de 65 personas en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, cumplió un ano sin la recuperación de la mayoría de los cuerpos, pero con datos de que está en curso una acción penal en contra de posibles responsables de la tragedia, 6 empleados de Industrial Minera México y 5 funcionarios de la Secretaría del Trabajo, todo esto en medio de un jaloneo político altamente inflamable.
Ahora sí que es tiempo y hay motivo para hablar. Los senalamientos del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, respecto de que el entonces presidente Vicente Fox Quesada lo conminó para inculpar por el accidente al líder de los mineros ameritan una respuesta, un deslinde, si lo hubiera, o una explicación y no el silencio de quien cobra por hablar y ha hablado de más sobre otras cuestiones nacionales.
Es inaceptable pretender escudarse en ya no ocupar un cargo para no hacerse responsable de lo que ocurrió durante su gestión, como lo hace otro de los actores del drama, el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar.
Desde el tiro taponeado de la mina se asomaría una doble desgracia: la pretensión de usar el accidente para manipular la justicia, desde la Presidencia de la República, en contra de un líder sindical incómodo, y la de proteger a quienes desde la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social podrían no haber cumplido con su obligación de supervisar las condiciones de operación y seguridad.
Porque de lo que no hay duda es de que la falta de rigor de los funcionarios y de la empresa en el cumplimiento de medidas de seguridad debidas en una tarea de alto riesgo, como la extracción de carbón, facilitaron el estallido del gas grisú acumulado en los túneles.
La tragedia ha permitido a la vez asomarse a la paradoja generalizada de que prevalecen endemoniadas condiciones de vida de los mineros, mientras el alza en las materias primas favorece la prosperidad de la empresa en cuyos informes financieros el accidente de Pasta de Conchos significó una leve pérdida, 4% de sus ventas anuales.
Como si el drama humano del accidente no fuera bastante escabroso, se suma a él la tenebra alrededor del líder sindical que representaba a los muertos. Prófugo hoy de la justicia, Napoleón Gómez fue depuesto al final, no inculpado, como dice el gobernador que se pretendía hacer.
Carlos Abascal, secretario entonces de Gobernación y antes del Trabajo, operó su desconocimiento oficial en uso de la arcaica e inaceptable atribución gubernamental de reconocer o no a los dirigentes laborales.
Los trabajadores hoy en México pueden elegir al Presidente de la República, pero no a su líder. Pasta de Conchos, como todo accidente, llama a reflexionar qué se puede hacer para no repitirlo. Desde castigar ejemplarmente a los responsables hasta tomar en serio las inspecciones de condiciones de seguridad laboral de aquí en adelante, y redefinir el rol del sindicalismo en el México del siglo XXI, para hacerlo parte de la solución, no del problema; socios en la competitividad y la producción, pero también en las ganancias.
Ese sería el mejor homenaje que podríamos rendir a los muertos de la mina. (El Universal)
