"Carlos Herrera * CP. El abogado Miguel Ángel de los Santos afirmó que la detención de Samuel Sánchez Sánchez responde a una urgencia del Gobierno Estatal por desviar la atención sobre las violaciones de derechos humanos cometidas hace días por la policía en el municipio de Tila.
En entrevista, el abogado senaló que con la detención de Sánchez Sánchez el Gobierno Estatal ""pretende por un lado desviar la atención en las violaciones a derechos humanos que cometió al realizar el operativo en Tila y por otro dotar de legitimidad esa represión llevada a cabo"" el 15 de febrero.
De los Santos destacó que el arraigo del indígena chol, quien fuera uno de los dirigentes de la organización Paz y Justicia, ""incorpora un elemento más raro a este contexto político porque está claro que la Fiscalía del Estado no tenía una investigación en contra de Samuel Sánchez y del grupo paramilitar"".
""El grupo paramilitar Paz y Justicia nunca fue desarticulado, la respuesta del (actual) Gobierno del Estado sobre todo fue implementar una política de reconciliación que nunca se llevó a cabo sobre bases sólidas y de justicia, sólo constituyeron acuerdos reconciliatorios de papel"", criticó.
De los Santos, quien ha defendido legalmente a indígenas zapatistas, precisó que en el estado de Chiapas los paramilitares, que probablemente no estén debidamente organizados como lo estuvieron antes, ""siguen portando sus armas, ostentando su poder y siguen constituyendo una amenaza"".
Por ello, el abogado argumenta que la detención de Samuel Sánchez Sánchez ""revela que el Gobierno del Estado se encuentra hecho bolas al dar una explicación sobre los hechos de la zona Norte, porque hasta hace pocos meses el Gobierno el Estado todavía negaba la existencia de grupos paramilitares y negaba que tuviera competencia para investigarlos porque decía que eso correspondía a la PGR, ahora resulta que detienen a uno los dirigentes principales de esa agrupación"".
Pablo debió conocer la verdad
Explicó que desde el principio de su administración (en diciembre del 2000) Pablo Salazar debió aplicar una estrategia integral para conocer toda la verdad de los hechos violentos de la región Norte (1995-2000), crear una Fiscalía para investigar y castigar a los responsables de esto delitos, y que también se incluyera ""la reparación de los danos causados a las víctimas y a sus familiares"".
""La sociedad y los pobladores de la zona Norte tienen derecho a conocer los pormenores de toda esa operación paramilitar, contrainsurgente, de toda esa operación en que se vieron involucrados ex funcionarios del estado, militares y particulares, para atacar a comunidades de la zona Norte"", abundó.
""El Gobierno del Estado no debió haber creado una figura inútil como el comisionado para la reconciliación, lo que debió haber hecho es reforzado las investigaciones ministeriales, hubiera creado una fiscalía especial desde el inicio para investigar a estos grupos"", detenerlos y que tuvieran sentencias condenatorias, para poder iniciar el proceso de reconciliación, planteó de los Santos.
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