En México el hambre es un problema real y los efectos de la contingencia lo han agudizado, por la pérdida de empleos y la falta de circulante. Antes de la emergencia, el 20 por ciento de la población padecía la inseguridad alimentaria grave o severa; actualmente es el 50 por ciento, según datos de la Unicef.
A nivel global, la carencia grave de alimentos, cuya consecuencia generalmente es la muerte por inanición, es un riesgo latente en más de 20 países; se estima que 34 millones de personas están en serio riesgo de morir de hambre, de acuerdo a la ONU.
En Chiapas, aunque no hay cifras oficiales sobre inseguridad alimentaria y el impacto de la pandemia, una muestra pueden ser los datos del Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez, que reportó un incremento en la solicitud de despensas del 25 por ciento desde marzo de 2020 hasta febrero del presente año.
Hasta el segundo mes de este 2021 atendían un promedio de 10 mil 700 personas, sin embargo, así como han llegado también muchas personas, han dejado de asistir por sus paquetes alimenticios, porque ya no pueden aportar la cuota de recuperación por la falta de recursos económicos.
A la par de este grave problema, ocurre algo todavía más preocupante, y es que cada año en el mundo un poco más de un tercio de toda la comida producida, aproximadamente mil 300 millones de toneladas, acaba pudriéndose en los botes de basura de los consumidores y minoristas, o bien, termina por echarse a perder debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes.
De acuerdo al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), cerca del 14 por ciento se pierde entre la cosecha y la venta minorista, 11 por ciento se desperdicia en los hogares, cinco por ciento en los servicios de comidas y dos en el comercio al por menor.
