"Uno de los temores que siempre asaltan a los hombres del poder, especialmente cuando se acercan al ocaso de un mandato, es con qué imagen pasarán a la historia. ¿Qué se dirá de ellos en los libros? ¿Cómo serán recordados por las futuras generaciones? ¿Se dirá que fueron buenos o malos gobernantes? ¿Cómo serán juzgados ellos y sus decisiones por la historia?
Faltan 22 meses para que termine el sexenio de Felipe Calderón y, con su sucesión ya en marcha, no está claro si el Presidente está pensando o no en el juicio de la historia.
Mientras sus secretarios del gabinete comenzaron ya la elaboración de los ""libros blancos"" para la entrega de su administración, a Calderón se le percibe mucho más ocupado y preocupado en tratar de influir en la coyuntura electoral -ayudando a su partido a conseguir votos- que en lo que puede venir para él y algunos de sus colaboradores en el balance final de su sexenio.
La violencia y el caos delincuencial que se abaten sobre México no tienen parangón en la historia reciente del país. Más de 35 mil muertos a esta fecha y otros miles que se pueden acumular en la espiral de violencia y descomposición que se vive en cada vez más amplias regiones de la República, arrojarán inevitablemente un macabro saldo al concluir el sexenio de Felipe Calderón que será, con mucho, el periodo más violento y anárquico que haya tenido presidente alguno después de la época revolucionaria.
¿Está preparado Calderón para quizá ser recordado como el Presidente que llevó al país a la peor era de violencia y descomposición social que se recuerde en los últimos 100 años? ¿Sabe que podría ser recordado como el mandatario que condujo a la nación a una guerra tan sanguinaria que no produjo al final resultados positivos?
Tal vez no sea sólo el juicio de la historia lo que debiera empezar a preocupar al actual mandatario mexicano. Dentro y fuera del país crece la percepción de que al término de la administración calderonista se hará inevitable un balance y una investigación sobre lo ocurrido en este periodo.
Cuarenta mil, 50 mil o las muertes violentas que terminen por acumularse al final del sexenio, serán una cifra no sólo macabra, sino suficiente para que organizaciones civiles o instituciones nacionales o del extranjero se pregunten si tantos asesinatos tuvieron plena justificación a la luz de los resultados de la llamada ""guerra contra el narcotráfico"", si no eran evitables muchas de esas muertes, si todas las acciones y decisiones tomadas por el Presidente y las Fuerzas Armadas bajo su mando, tuvieron pleno apego legal y constitucional y, lo más delicado, si una parte de esos crímenes no pueden ser atribuidos a órganos del Estado que actuaron con abuso de fuerza y métodos ilegales.
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