Un país asiático destrozado por decenios de guerras coloniales y de intervención, Vietnam, es ahora puesto como ejemplo de éxito en desarrollo humano frente a México, senalado como modelo de fracaso por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
De 1990 a 2002, Vietnam bajó sus niveles de pobreza de 60 a 37%, en tanto que México lo hizo, apenas, de 15.8 a 9.9%, según el mismo informe.
La trágica situación expuesta por el calificado órgano internacional contrasta con las alegres cuentas de nuestra prosperidad que aquí escuchamos. Los niveles de desigualdad se han agudizado y las políticas de liberalización económica desprotegieron a los más débiles, aumentaron el desempleo y disminuyeron el poder real del salario.
La medición del desarrollo humano refleja el valor preciso del resultado de las políticas de una nación. Los brillantes resultados en la macroeconomía se opacan si no repercuten en el bienestar de cada individuo, en la variedad de sus oportunidades de educación, salud, empleo, bienestar y condiciones generales de progreso en un clima de respeto a su persona.
Tenemos decenios de un crecimiento obcecadamente disparejo. Junto a fortunas gigantescas que compiten con la de cualquier país, hay conglomerados marginales que sobreviven con dietas magras y no tienen frente a sí ningún horizonte de esperanza.
Mientras la atención pública y la inteligencia se concentran en lo adjetivo, perdemos lo sustantivo. La miseria, el hambre, la escasez de oportunidades, el rezago social nos conmueven momentáneamente, pero de inmediato volvemos a los mismos desgastantes y circulares temas de los candidatos y los antagonismos en los partidos políticos.
Hacen falta más acciones y menos declaraciones y spots publicitarios. Es necesaria una política que refuerce el gasto social efectivamente, sin manipulaciones presupuestales posteriores.
Requerimos salarios respetables que cumplan con su función de proveer de una vida digna a los trabajadores, y es necesario construir un sistema que regule la relación entre quienes producen, distribuyen y consumen en términos de justicia.
La grave presión social que tenemos es aliviada por el flujo migratorio hacia el norte, pero es sólo un alivio, no una solución permanente. Estados Unidos dice tener un límite para absorber ese excedente sin danar sus propios proyectos económicos, sociales y políticos. Somos nosotros, aquí y ahora, en los próximos 15 meses, en el siguiente sexenio, quienes debemos asumir con total responsabilidad la magna tarea de enfrentar este que es un problema mayor y que ha durado más que la inseguridad, que en parte es también su consecuencia.
Los problemas de fondo requieren soluciones radicales.
Dos Méxicos tan diferentes no caben en un solo país sin que terminen enfrentados. Las oportunidades se multiplican en la ciudad; no se dan en el campo. Los dirigentes del país salen cada vez más de las clases opulentas.
Una porción del país marcha. La otra se atrasa. Olvidamos que el convoy tiene la velocidad del vagón más lento.
Esperamos del gobierno aún hay tiempo una gran convocatoria para encarar con decisión y valentía este gravísimo problema que nos duele y avergüenza a todos. Si sólo esto se pudiera plantear y echar a andar, se habría justificado el sexenio. O bien. Hay muchos actores políticos de corrientes ideológicas diversas que hoy intensifican su discurso de la justicia social sin asumir con seriedad y responsabilidad propuestas de solución: el costo no es para ellos; es para los demás. (El Universal)
