El sistema judicial de impartición de justicia podría ser reformado integralmente con base en una consulta realizada durante los últimos tres anos y que ha sido resumida en poco más de 11 mil propuestas sancionadas por los ministros de la Suprema Corte y por los magistrados de los tribunales estatales.
Como la Corte no tiene facultad para presentar iniciativas de ley, el Libro Blanco formulado con las propuestas será sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el equipo de transición del Presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa.
El simple número de propuestas revela la magnitud de las observaciones que jueces y litigantes han acumulado en el ejercicio de su profesión para mejorar el aparato judicial, fortalecerlo, modernizarlo y depurarlo para que sirva mejor al propósito para el que fue creado.
Además del fortalecimiento que la Corte y los tribunales demandan para actuar con independencia y no someterse a la estrechez presupuestal a que los tiene reducidos el Poder Ejecutivo, sobre todo en los estados, la reforma plantea una revisión del juicio de amparo.
Concebido para preservar los derechos individuales de los acusados, en la fase preliminar de una averiguación, el amparo no se aplica para proteger los derechos humanos, y en la práctica, por las complicaciones técnicas del procedimiento, que son costosas, sólo está al alcance de unos cuantos.
Del mismo modo, el amparo contra las leyes inconstitucionales sólo protege a quien lo promueve, cuando una resolución de la Corte en tal sentido automáticamente debiera sentar jurisprudencia y, por lo tanto, ser de aplicación general para todos los ciudadanos.
El caso más notorio de esta irregularidad es el impuesto sobre tenencia y uso de automóviles, proclamado en 1968 como temporal para financiar los Juegos Olímpicos, y que se mantiene a pesar de su carácter de inconstitucional. Si alguien promueve un amparo, la Secretaría de Hacienda le devuelve lo pagado, pero se beneficia con un cobro anticonstitucional a los demás propietarios de vehículos.
Hay otras leyes del mismo modo promulgadas al margen de la Constitución.
Otro capítulo objeto de reformas necesarias es el de la justicia penal, para hacer más claros los procedimientos, evitar desvíos, abusos y dilaciones, así como ofrecer con transparencia pública el desarrollo del proceso, para que la resolución sea objetiva, convincente y pronta.
La maquinaria de la justicia debe descansar más en la confrontación abierta de involucrados y pruebas, y menos en legajos cosidos todavía con largas agujas, como en la Edad Media, oscuros y de redacción arcaica, obsoleta y tediosa.
Anima la sola idea de airear el sistema judicial y de reformarlo para adaptarlo a las necesidades y requerimientos de nuestros tiempos. Ello debe redundar en la afirmación de una seguridad jurídica que es garantía de sana convivencia en las sociedades del presente.
Los nuevos legisladores y el próximo Presidente de la República harán una contribución de trascendencia a México si asumen resueltamente la tarea de atender las propuestas y formular una renovación a fondo del sistema judicial nacional. (El Universal).
