"Abenamar Sánchez / Carlos Herrera * CP. Ejidatarios de El Limar, municipio de Tila, acusan al Ejército Mexicano de haberlos presionado, vía integrantes del grupo Paz y Justicia, para que cedieran en 1996 un predio de ocho hectáreas que ahora buscan recuperar a través del Tribunal Unitario Agrario.
El Limar ha llevado ante el Tribunal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que desaloje pacíficamente el área denominado Solar 1, Manzana 35, y se vaya de la región. La dependencia llamó a comparecer ayer a ambas partes para el desahogo de testimonios, pero el Ejército Mexicano no acudió a la cita.
Durante la audiencia ayer en el Tercer Distrito del Tribunal Unitario Agrario, con sede en la capital chiapaneca, el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Carmelino Gómez López, manifestó que a él nunca se le explicó el contenido de los dos documentos que firmó.
Ante la prensa, contó que una noche llegaron a su domicilio en El Limar unos representantes de organizaciones, encabezados por Diego Vázquez, preso en el Penal de El Amate como integrante del grupo Paz y Justicia, para presionarle firmara los dos documento que, lo supo tiempo después, eran contratos que permitían la instalación de un cuartel militar dependiente de la 39 Zona con sede en Ocosingo.
De acuerdo a documentos presentados ante el Tribunal Unitario Agrario, los ejidatarios arguyen que necesitan, según acuerdos de la Asamblea Ejidal, los terrenos para la construcción de obras sociales y acusan a los elementos del Ejército Mexicano de causar desmanes en el poblado.
Las familias, comentó el presidente del Consejo de Vigilancia, Visael Martínez Pérez, piden se vaya el Ejército Mexicano y pague una indemnización por los anos que ocupó los terrenos, pero rechaza las pretensiones de éste de querer pagar un poco más de 150 mil pesos para quedarse con las ocho hectáreas. Las autoridades del pueblo habitado por unos 6 mil indígenas choles arguyen que ya no se justifica la presencia de los militares porque los grupos en pugna firmaron la paz en el 2002. Ahora, a diferencia de hace once anos, cuando estaban confrontado, se han unido tanto los priístas como los perredistas para exigir el retiro del campamento y la devolución del predio.
Diego Cadenas Gordillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijo que Carmelino Gómez y companeros corren el riesgo de ser detenidos, debido a que en su respuesta al magistrado Rafael García Simermán, titular del Tribunal Unitario Agrario, el general Ramón Tovar Caballero, representante legal de la Sedena, pidió que ""se inicie la averiguación correspondiente"" en contra de los demandantes.
La respuesta del general Tovar Caballero senala que ""al prejuzgar dolosa e infundadamente la conducta del personal militar destacamentado en el inmueble de referencia, sin sustentarlo con ningún medio de prueba, se atenta contra el honor de la Sedena...""
Cadenas Gordillo afirmó que pese al riesgo de ser detenidos, los indígenas defenderán sus derechos y solicitarán un amparo para evitar una posible detención. Consideró que la postura del representante de la Sedena ""tiene como propósito intimidar a los demandantes para evitar que se presenten a la audiencias
Según el Centro de Derechos Humanos ""Fray Bartolomé"" de Las Casas, el Ejército Mexicano tiene en la llamada zona de conflicto alrededor de 70 posiciones, y en el municipio de Tila, tres, incluyendo la de El Limar, cuyos habitantes exigen sea retirada.
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