Hasta poco más de mil pesos pagan mensualmente los habitantes de los distintos predios invadidos sobre la franja de las faldas del Cañón de Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, lo que representa un negocio redondo de los “líderes” que organizan invasiones de terrenos en diferentes puntos de la capital, un comercio añejo que parece no detenerse.
Además de las 30 hectáreas invadidas hasta mediados del año pasado, éstas se han incrementado a 37, es decir, que en menos de un año los “paracaidistas” se han apoderada de otras sietes hectáreas del Parque Nacional.
A pesar de que en meses anteriores el Gobierno del Estado había desalojado tres
diferentes predios invadidos del lado Sur de Tuxtla, del lado Norte las colonias irregulares siguen expandiéndose.
Las personas que son invitadas a habitar estos predios por los “líderes” de estas acciones delictivas, primeramente les exigen el pago de la “compra” de un pedazo de terreno, cantidades que oscilan entre los 10 mil y 15 mil pesos.
Posteriormente, aplican tarifas que llegan a poco más de mil pesos mensuales, como si se tratara del arrendamiento de un inmueble formal, incluso, de una vivienda en colonias como Real del Bosque o Casas Geo.
Una vez que las personas recién llegadas se instalan completamente (cuando terminan de construir sus casas improvisadas), los líderes o cercanos a ellos, comienzan a cobrar cuotas de luz eléctrica que obtienen mediante “diablitos”, suministro de agua en pipas y vigilancia de 90 pesos semanales, entre otras cosas.
Sin embargo, las personas que acceden a “adquirir” estos terrenos en zonas invadidas del Cañón del Sumidero, son engañadas en que dicho lote será de su propiedad y que en poco tiempo serán regularizados por las autoridades municipales.
Pero con el transcurso del tiempo, las tarifas mensuales se vuelven impagables, ya que mayoritariamente son personas de escasos recursos quienes “compran” estos terrenos.
Ante los retrasos en los pagos de las mencionadas cuotas, las personas son expulsadas de sus precarios hogares, si tienen suerte podrán llevarse sus pertenencias, en la mayoría de los casos sus objetos le son arrebataos y prácticamente son echados a la calle, después de contribuir durante varios meses con dichas tarifas.
El hogar que queda vacío es ofertado a otras personas (dentro de una especie de mercado negro), normalmente la oferta es aceptada por alguna familia de escasos recursos y nuevamente se le aplica dicha operación de cobranza, creándose así un circulo de negocio ilegal, donde se violan derechos humanaos y normativas federales de protección al medio ambiente.
