El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avanza en el procedimiento para resolver el conflicto postelectoral, al mismo tiempo que resiste las presiones políticas abiertas, incluso las desafiantes tomas del centro del Distrito Federal y de casetas de autopistas, así como los plantones ante oficinas públicas y privadas.
El nuevo conteo de votos efectuado en casi 12 mil casillas, y sus resultados, habrán sido un paso más dentro del proceso que sigue la calificación de la elección hasta la declaratoria de presidente electo. La espera tiene que continuar algunos días, por más que muchos ciudadanos ya quisieran cerrar el capítulo. Pero la legalidad tiene sus propios tiempos.
Para muchos de los 42 millones de personas que votaron ese día, ha resultado decepcionante lo ocurrido a partir de entonces. Han quedado claros los excesos de unos y otros, partidos y candidatos, al tiempo que se ha puesto en duda la imparcialidad de ciertas autoridades electorales.
Así, el Instituto Federal Electoral (IFE) quedó en medio de la polémica ante acusaciones de que hizo un manejo ventajoso del presupuesto asignado para la realización de esta elección presidencial. Ahora navega bajo la tormenta. Tendrán que hacer algo todos los actores políticos involucrados en el proceso del 2 de julio, para poner a salvo a esta institución, porque el bien superior que la misma debe resguardar es la credibilidad, y ésta tiene que ir más allá de las coyunturas electorales.
El candidato de la coalición Por el Bien de Todos se inconformó ruidosamente y llevó su protesta a la afectación de los derechos de libre tránsito de decenas de miles de ciudadanos, que han censurado con firmeza lo que consideran como excesos y han reclamado moderación. Sin embargo, la coalición ha reiterado su disposición de reforzar y de prolongar su resistencia civil hasta la satisfacción de sus demandas.
Todo esto en vísperas de dos eventos tradicionalmente importantes para los mexicanos: la presentación del Informe de Gobierno -el sexto y último del presidente Vicente Fox- y la celebración del Día de la Independencia, este 16 de septiembre.
Estos eventos sin duda plantean importantes retos, tanto al propio Gobierno del Distrito Federal como al Presidente de la República, puesto que los espacios de estas celebraciones, el Paseo de la Reforma y el zócalo, hasta ahora se ha advertido que seguirán tomados por los simpatizantes de la coalición.
A estas alturas, la incertidumbre persiste. En el mismo grupo de los impugnadores hay diferencias sobre la radicalización de la protesta, que parece ser más costosa que rentable en términos de apoyos. Si hay acuerdo en que se exija claridad en los resultados, existen divergencias sobre la forma de demandarla.
Por ahora, ni las nerviosas proclamas triunfalistas de unos ni las excesivas descalificaciones a las instituciones de otros aportan nada a la solución del conflicto. Ambos bandos necesitan de serenidad y sabiduría para aceptar el fallo del Tribunal, que debe atenerse al rigor de la ley, pero sin dejar de ser sensible a una situación por demás complicada y discernir cuáles son los intereses superiores que deben importar a México; es decir, la subsistencia y fortalecimiento de nuestro sistema democrático. (El Universal)
