Tarde acepta el Presidente lo que medios y sociedad, sobre todo los habitantes de entidades como Michoacán y Tamaulipas, habían advertido hace ya anos: el narcotráfico invadió la política mexicana. La diferencia es que ahora se presentan síntomas de que la gente -en las ciudades más golpeadas por el narco- está en el límite de su tolerancia.
Con José Antonio Guajardo -ex alcalde de Río Bravo- en Tamaulipas, y Francisco León, en Durango, suman dos los ex candidatos al Senado del Frente Amplio Progresista asesinados. El 20 de febrero de este ano, en Nuevo Laredo, sicarios trataron de eliminar al diputado del PRI Horacio Garza. Por su parte, el diputado del PAN David Figueroa ha sido objeto ya de dos atentados, en Toluca primero y luego en el Distrito Federal. El narco está interfiriendo con los tres grandes partidos: PRI, PAN y PRD. zQueda alguna duda?
Cientos de personas de Río Bravo, Tamaulipas, aguardaron durante horas para estar en el velorio de Guajardo -asesinado el jueves pasado en esa misma localidad luego de que denunciara la infiltración del narcotráfico en la política- y juntos escoltaron el cuerpo hasta el panteón de la ciudad de Reynosa.
Un caso similar sucedió en Colombia en 1986 cuando el periodista Guillermo Cano fue asesinado en Bogotá por sicarios del narcotráfico debido a que, como director del diario El Espectador, denunció la infiltración de la mafia de las drogas en la vida política de su país.
El crimen estremeció a la sociedad colombiana. Los capos de las drogas ya habían eliminado al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al director de la Policía Nacional, pero el asesinato de un propietario de un diario nacional fue el acabóse. Anos después la presión de la opinión pública colombiana fue determinante para orillar a las autoridades a destruir el imperio de Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín.
No podemos saber si la 'colombianización' de México ha llegado ya a este punto de inflexión ni que sea el asesinato de Guajardo y la posterior declaración presidencial el detonante necesario para que la sociedad deje su letargo; sin embargo, como hemos dicho, lo sucedido en Tamaulipas parece un síntoma sin precedentes, generado no sólo por el crimen del ex alcalde. En toda la región fronteriza de nuestro país y en entidades como Michoacán las personas padecen el miedo a tener el teléfono celular prendido por la posibilidad de ser localizados por extorsionadores o plagiarios, miedo a acudir a bares y restaurantes porque los sicarios acuden a ellos para ajustar cuentas con rivales, miedo a que cualquier festejo derive en balacera.
Las manifestaciones de hartazgo de la sociedad deben ser apoyadas por el Estado con acciones concretas, como la emprendida en Tamaulipas, sí, pero también de largo plazo como la prevención al reclutamiento de los narcos y la reforma penal aún atorada en el Congreso.
Aceptar el problema en el discurso es el primer paso. Cuando se cuenta con el apoyo de la gente es hora de pasar al segundo: erradicarlo.
