El impuesto del ocho por ciento al alumbrado público, promovido por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez recientemente, ha desatado una serie de rechazos e inconformidades.
Se escucha que esta decisión ha bastado para que el exfuncionario del anterior gobierno estatal, metido a alcalde, se ganara el repudio.
Políticos, comerciantes, amas de casa refutan que es responsabilidad de la Alcaldía garantizar el servicio a las más de 500 colonias con los recursos derivados de abultados impuestos que se cobran en otros rubros.
El alcalde en cuestión, se comenta entre los ciudadanos, optó por la vía fácil: desfalcar la paupérrima economía del pueblo, lastrada hasta el hartazgo por el anterior Gobierno.
El impuesto, se dice, que se fijará en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad e iría a parar a las arcas de una empresa desconocida, misma que estaría procurando el servicio del alumbrado público, sería como una herida más junto a la llaga que se ha abierto en la economía del estado.
La interrogante de la población es ¿si concesionaron la basura y a la fecha no hay resultados tangibles, qué podría esperarse si sería también Iniciativa Privada quien administre el servicio eléctrico?
Por donde se le vea, se comenta, la propuesta golpea a los bolsillos de los capitalinos.
Lo mismo han dicho algunos legisladores; también han levantado la voz y manifestado su rechazo a esta política hacendaria.
