En los saldos de la guerra del sexenio quienes combaten a la delincuencia organizado están lastrados por la descoordinación, la ausencia de buenos servicios de inteligencia y de capacitación adecuada, así como por la insuficiencia de recursos y la corrupción.
El procurador general de justicia de la República, Daniel Cabeza de Vaca, reconoce la falta de herramientas para combatir a los criminales, aunque asegura -en entrevista exclusiva- que las autoridades van ganando batallas y en el largo plazo no podrán prevalecer las mafias porque el Estado mexicano siempre tendrá más fuerza que ellas.
Desde su punto de vista, el enfrentamiento mortal entre las bandas de la delincuencia fue activado precisamente por la persecución policíaca. La despiadada pugna por el control del mercado de la droga, que pasó de las ejecuciones y secuestros a las decapitaciones y a los asaltos con granada, merma las fuerzas criminales pero sólo fugazmente, pues hay demanda por los puestos de sicarios, inclusive de ex militares nacionales y extranjeros.
Los logros de la policía en este sexenio no han impedido que el tráfico de estupefacientes crezca de manera impresionante. Llega a la costa sur del Pacífico mexicano y cruza diagonalmente hacia la frontera norte en la costa del Atlántico, pero ya busca vías directas del Caribe hacia Estados Unidos, su mercado principal.
Los cárteles de la droga tienen a su servicio policías municipales, cuentan con la protección de políticos y están informados previamente de las acciones de la policía, los cateos y detenciones. Sólo así se explica el auge.
Cabeza de Vaca está en la hora del balance. A sus sucesores deja el fruto de su experiencia. Más de cuatrocientos mil policías dispersos en todo el país, sin capacitación ni equipo adecuado, desconectados entre sí, sin servicios de inteligencia, con sus vidas en grave riesgo y tentados por la corrupción, no ofrecen expectativas de resultados espectaculares.
La policía carece de facultades para investigar, están en manos de los agentes del Ministerio Público, abogados sin adiestramiento para ello; los policías no son supervisados periódicamente ni sometidos a pruebas antidopaje ni a evaluaciones poligráficas ni revisiones de sus bienes y cuentas, aunque a menudo su prosperidad es notable en las ciudades de mayor incidencia criminal.
El embajador de Estados Unidos, Antonio O. Garza, irritó a ciertos funcionarios cuando dijo que en México hay territorios al margen de la ley. La dura realidad le concede la razón, aunque no exime a su país de la corresponsabilidad.
Los nuevos funcionarios que se ocuparán de la procuración de justicia en siete semanas, deberán considerar las lecciones recientes, abatir el tráfico de armas, seguir el rastro financiero de las utilidades criminales y plantear ante el Congreso la necesidad de una legislación pertinente para modernizar la lucha contra el vicio y ganar eficacia en los procesos contra los delincuentes mayores.
Están en juego la tranquilidad social, la salud ciudadana, el estado de derecho y la seguridad nacional. En efecto, ningún grupo puede tener mayor poder que el que legítimamente corresponde al Estado. (El Universal)
