Cada vez con más frecuencia, ciudadanos y policías se enfrentan a golpes, pedradas, gases antimotines y disparos debido a la pretensión de los primeros de actuar sin restricciones legales y a la proclividad de los segundos de hacer valer su autoridad con el uso ilimitado de la fuerza bruta.
El Estado, convencido de que tiene el monopolio del uso de la violencia, olvida que hay estrictas regulaciones para ello; y los ciudadanos, que lamentablemente han incorporado la efectividad de las acciones directas y provocadoras, para alcanzar sus fines, convierten los espacios comunes, públicos, en campos de batalla en donde un día ganan los civiles y al día siguiente se vengan los uniformados.
El derecho es borrado por lapsos cada vez mayores y, en lugar de regirnos por las normas legales, imprescindibles en una sociedad civilizada, pretendemos imponernos mediante el desafío y la violencia, con resultados que no sólo terminan con lesionados, heridos y hasta muertos, sino que erosionan los términos de la convivencia nacional.
No cerramos los ojos ante la imprudencia de unos, las incitaciones de terceros y la fragilidad de un clima que hace posible los estallidos de desorden por deficiencias y negligencias de los gobernantes, pero tampoco contamos con equipos policiales especializados en desactivar conflictos explosivos ni con policías entrenados para graduar sus enfrentamientos con ciudadanos antes de arremeter a golpes y tiros.
Hace mucho tiempo sabemos que las policías están plagadas de corrupción, que carecen de profesionalismo y de adecuadas condiciones no sólo físicas, sino intelectuales, éticas y psicológicas, y que suelen estar al mando de políticos que no tienen cabida en otro sitio y llegan allí por inexplicables razones. Saberlo, sin embargo, no ha resuelto el problema.
Las policías mexicanas carecen de manuales de operaciones que respondan a las necesidades del presente, ni tampoco tienen sistemas de evaluación equiparables a los que son de uso común en otros países. La supervisión de conductas personales y rendimientos oficiales no es eficiente ni hemos aprovechado al máximo las vastas posibilidades de capacitación que ofrecen cuerpos policiacos muy profesionales, como los estadounidenses y los europeos.
Los últimos y tristes ejemplos de esta grave situación se dieron en Michoacán y en el estado de México. Los medios de comunicación han mostrado cómo ni los perros se salvaron de la paliza. Pero las autoridades yerran cuando quieren resolver las cosas en los mismos medios. El problema no es de imagen. Es estructural, político.
La policía debe ser mejorada en sus tácticas disuasivas. No queremos una policía represora. No queremos una policía enemiga de la razón. Queremos una policía consciente de su responsabilidad de salvaguardar el estado de Derecho, es decir, de nuestra Constitución y de nuestras leyes de convivencia civilizada, armónica, democrática y justa. Los ciudadanos, por su parte, tienen que saber exigir sus derechos por las vías legales y con el ánimo de mejorar el estado de cosas.
Ni unos ni otros tienen el derecho a la violencia. Pero es la policía, representante del orden y del Estado, la que debe poner el ejemplo en todo momento. (El Universal)
