La opinión pública es puntual: ejercer el derecho de veto, en este caso sobre el impuesto del 8 por ciento por el alumbrado público que había propuesto el edil capitalino, se inscribe en la historia administrativa de Chiapas como una de las claras muestras de preocupación del gobernador por el bien común.
Se vislumbraba que el Ejecutivo no permitiría que se siguiera lacerando a la economía familiar, por ser un político, como tanta cuenta dan de ello las voces autorizadas de diversos sectores, que siempre ha trabajado cercano a la gente.
Si un político conoce al dedillo al estado que gobierna, ése es el mandatario de Chiapas. Comenzó formalmente su recorrido político en la quebrantada geografía del estado apenas fue electo delegado especial del Partido Verde Ecologista de México, y lo acrecentó durante sus posteriores encargos.
Sus pasos por el Congreso local y el federal y por el Senado de la República fueron de actividades legislativas de la mano con el pueblo. Como muestra, este apunte: legisló para que niños y niñas desprotegidos tuvieran acceso al servicio de Salud.
Si alguien llegó a creer que su propuesta de gravar al servicio del alumbrado público en la ciudad capital, costo que sería adjuntado al recibo de la Comisión Federal de Electricidad, sería aplicada sin que alguien abogara por el bolsillo de las familias o por el bienestar de la sociedad, se equivocó rotundamente.
El gobernador no titubeó: dijo no al impuesto por el alumbrado público y lo considera anticonstitucional. Es el veto una manera de decirle al pueblo, calma, aquí estoy. Eso es, dice la voz del pueblo, lo que hace un gobernador cercano a la gente.
El Ejecutivo ha actuado en defensa de la economía de las familias.
