El desgaste de los arreglos institucionales que permitían al sistema político encauzar sus diferencias por las vías legal y parlamentaria, evitando fuertes conflictos postelectorales, fue evidente después de la elección presidencial del 2006. Un ano ha pasado, seis largos meses de interregno, y otro periodo igual ya de gobierno instituido en los que poco o nada se ha hecho para prevenir una futura crisis.
No está de más recordar que la jornada cívica de aquel domingo se caracterizó por la enorme afluencia de votantes y el comportamiento pacífico de la ciudadanía. Eso hay que valorarlo y protegerlo. Pero tampoco hay que olvidar que la pendiente de polarización que siguió a la jornada electoral desgastó a las instituciones, a los partidos políticos y al gobierno todo, de tal forma que se incubó en algunos sectores de la población un sentimiento de inutilidad respecto de su voto que no se ha disipado.
Venturosamente para otros, como es el ejemplo de la participación masiva en Yucatán, la desconfianza electoral no cundió. Enhorabuena, las urnas deben seguir siendo la vía privilegiada para encauzar el debate político en México, no los escenarios de conflicto llevados al extremo, que la mayoría de los ciudadanos rechaza.
Es oportuno que se estén debatiendo los términos de la reforma del Estado, en la que uno de los capítulos impostergables debe ser el de una reforma electoral que considere y corrija las insuficiencias del proceso del ano pasado, y atienda sin demora temas como la duración de las campanas electorales, el tiempo que hay entre las elecciones y la toma de posesión presidencial, la supervisión de las precampanas y los recursos con que se financian, así como el establecimiento de controles rigurosos al dinero que reciben los partidos de los particulares, para evitar financiamientos de dudosa procedencia o francamente ilegales.
A su vez los partidos deben ser más transparentes en su administración y revisar sus hábitos de inversión en gastos de propaganda. Los candidatos dependen en exceso de la radio y la televisión, por lo que gastan excesivamente en ellos, devastan sus arcas y confunden eficacia política con carisma mediático. Se impone un nuevo marco sin dejar de reconocer que ninguna regla sustituye el desbordamiento de las personalidades.
No podemos ser ingenuos y debemos acostumbrarnos a que las campanas electorales en todo el mundo son cada vez más cerradas, personalizadas y mediáticas, pero en México debemos armonizar desde nuestros códigos electorales esos tres factores, de tal forma que no salga lastimado el ejercicio de la política basada en el debate de las ideas y la búsqueda del convencimiento ciudadano a través de ellas.
Urge renovar nuestro marco jurídico electoral y el Estado mismo, para que de nuevo entremos a un periodo de acuerdos institucionales en el que existan suficientes incentivos compartidos para todos los actores políticos que nos alejen de crispaciones indeseables cada vez que haya una elección en el país.
El 2 de julio de 2006 debe ser visto como un parteaguas que nos marcó una nueva hora para rectificar las instituciones -como ha sucedido otras tantas veces en la historia de México- pero en paz y orden, y no dentro del caos o el conflicto. Los actores políticos tienen en sus manos la oportunidad de aprender las lecciones de hace un ano y trabajar a favor de un sistema democrático renovado, sin fisuras y alejado del precipicio. (El Universal)
