El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que “la estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas”.
Añadió que, además, “profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado”.
Manifestó que “estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México”.
Llamado
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, hizo un llamado al Gobierno Federal para que “las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región”.
Integrantes del Ejército Mexicano, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales colocaron retenes en algunos puntos ubicados en Chenalhó y Pantelhó, luego de que en este último irrumpiera el 7 de julio el grupo denominado Autodefensas del Pueblo El Machete en ese pueblo, cuya finalidad es “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado”.
Los controles se endurecieron a partir del 8 de julio, cuando los hombres armados hirieron de bala en una emboscada a nueve uniformados, entre militares y policías estatales en Pantelhó.
Ese mismo día, integrantes de un supuesto grupo llamado Autodefensa de Chenalhó despojaron de armas y pertrechos militares a agentes de la Guardia Nacional que se dirigían a Pantelhó, informaron fuentes gubernamentales.
Caso
Dijeron que los hechos sucedieron a la altura del ejido Majomut, cuando unos 30 pobladores (cifra que luego se incrementó a 300) obstruían el camino en dirección a Pantelhó.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, se reunió el lunes con los agentes rurales para pedirles que intervengan en la búsqueda del armamento, sin que hasta la fecha se haya informado oficialmente si ya fue devuelto o no.