Pequeños propietarios desplazados en 1994 de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), instalarán un plantón e iniciarán una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México, con el fin de que el gobierno los indemnice, informó su dirigente Francisco Urbina Pérez.
Explicó que, según el acuerdo tomado en una asamblea que se realizó el pasado domingo en el municipio de Teopisca, alrededor de 200 personas viajarán la próxima semana para instalar un plantón —por tiempo indefinido— el 24 de este mes frente a Palacio Nacional.
En entrevista, agregó que los 441 afectados, agrupados en la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, reclaman el pago global de 41 mil 937 hectáreas que en 1994 fueron tomadas por integrantes del EZLN.
“Estamos pidiendo solución al desplazamiento forzado interno que estamos padeciendo; que nos indemnice el gobierno porque se ha llegado a la conclusión de que no hay posibilidades de retornar a nuestras propiedades, que además es un consenso entre autoridades federales y estatales”, añadió.
Señaló que en el actual gobierno han sido atendidos, “pero falta que nos paguen las propiedades. Nos está atendiendo el doctor Lorenzo Gómez Hernández, director de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien elaboró una ruta de trabajo en la que se llegó a la conclusión de que se nos tiene que indemnizar, pero se necesita la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar los recursos”.
Urbina Pérez comentó que de acuerdo con el avalúo que mandaron a hacer, cada hectárea tiene un precio estimado de 220 mil pesos, pero “estamos abiertos a negociar. Le pedimos al presidente que tome cartas en el asunto porque llevamos 28 años desplazados; nos arrebataron todo: ganado, maquinaria, tierras y forma de vida. Lo que estamos pidiendo es que se nos haga justicia”.
Subrayó que “desde que estalló el conflicto en 1994 se violentaron nuestros derechos porque era obligación del gobierno proteger nuestros bienes y no lo hizo. Luego, cuando se hizo la Ley de Amnistía se violentaron de nuevo, porque no le dieron seguimiento”.