Las organizaciones que integran el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur documentaron que a diario más de 400 personas de diversas nacionalidades esperan en el campamento de Viva México de Tapachula los trasladados a Tuxtla Gutiérrez, el cual el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza “sin certeza jurídica”.
Este contexto se vive desde el pasado mes de junio, cuando comenzaron a otorgarse formas migratorias múltiples. Las mismas organizaciones reportaron hace unas semanas que ya no se les proporciona ningún documento, pero el INM sigue haciendo traslados de una ciudad a otra sin otorgarles ninguna regularización ni información.
Esto coloca a las personas en movilidad humana en constante riesgo, pues el campamento está situado en la carretera federal Costera, entre dos vías de tránsito de alta velocidad, lo que implica un riesgo constante para las mismas, particularmente para niñas, niños y adolescentes.
En la zona todos están expuestos a condiciones climáticas extremas, con temperaturas que superan los 35 grados y lluvias torrenciales, con escasa agua potable y en contacto con aguas contaminadas, situación que ha causado enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias.
Por si fuera poco, se encuentran en total incertidumbre ante la falta de información sobre los procesos de regularización migratoria y asilo, así como la nula coordinación interinstitucional entre las autoridades competentes.
“La instalación de espacios improvisados para la gestión migratoria como este campamento, es una de las prácticas arbitrarias efectuadas cotidianamente por el INM, que no responden a procedimientos claros establecidos en la ley”, destacó el colectivo.
Sumado a lo anterior, las personas han señalado actos de corrupción por parte de agentes del INM, quienes —de acuerdo con los testimonios— realizan cobros de hasta 100 dólares para garantizar su traslado a Tuxtla Gutiérrez.
El colectivo exigió a la Secretaría de Gobernación brindar información clara y veraz sobre las vías de acceso a la regularización migratoria y procedimiento de asilo a las personas; además de garantizar que los lugares habilitados para la gestión migratoria cumplan con las condiciones.
