La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a las autoridades estatales cumplimentar las medidas cautelares decretadas a favor de habitantes del municipio de Aldama y Chenalhó, quienes en los últimos días han registrado hechos violentos asociados a balaceras que ya cobraron la vida de una persona.
El organismo emitió medidas cautelares hacia las autoridades del estado con la finalidad de proteger a los habitantes de los municipios mencionados, requiriéndole garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, patrimonio, así como su seguridad individual y colectiva.
La Comisión exigió la irrestricta aplicación de la ley y la observancia plena del estado de derecho en los referidos municipios.
Al tiempo, privilegiar el diálogo y la concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social.
Todo ello a raíz de los hechos suscitados recientemente, así como los ocurridos el 11, 12 y 13 de agosto del año en curso, en los cuales habitantes de Aldama denunciaron agresiones con disparos de arma de fuego de alto calibre provenientes de las zonas limítrofes con el municipio de Chenalhó.
También subrayó que, conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades sin excepción y en cualquier orden de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Además de que el Estado tiene la obligación de proporcionar seguridad a las personas.
A estos hechos, se suma la aparición de una decena de hombres con armas largas, quienes emitieron un comunicado a través de un video y posterior a ello fue difundido por redes sociales, en la cual no aceptaban las decisiones de que la comunidad de San Martha perteneciera a Aldama y no a Chenalhó.
Al mismo tiempo, el Centro Nacional de Cultura de Paz A.C pidió un cese a la violencia y un basta a la tolerancia hacia grupos paramilitares en ambas demarcaciones.
También exigió la atención y protección a las víctimas de la violencia en Aldama, especialmente aquellas que han sido obligadas a desplazarse y que han sufrido la muerte de algún familiar o han sido lesionadas (física y emocionalmente) por los ataques en la región.
Pidió atención inmediata e integral de las autoridades estatales y federales al tema de la violencia en el municipio de Aldama, una investigación estratégica sobre la detección del origen del financiamiento a grupos paramilitares y que las autoridades civiles lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de estas acciones.
Investigar sus conexiones para identificar y llevar a juicio a líderes de estas células paramilitares.