La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones al gobierno de San Cristóbal de Las Casas, que encabeza Jerónima Toledo, debido a la agresión que recibieron tres mujeres indígenas en días pasados.
A través del documento DGC/319/2020, el organismo no gubernamental remarcó que dentro de la revisión también se documentaron violaciones a los derechos humanos de activistas. Con base en el relato, los hechos se remontan al 8 de febrero pero del año pasado, debido a que se detectó la “impunidad prevaleciente en el feminicidio de una niña y la criminalización, detención arbitraria y tortura cometidas en agravio de tres mujeres indígenas, entre ellas una adolescente”.
En ese sentido, la CNDH informó que las mujeres agredidas fueron enviadas a una casa de seguridad y, lamentablemente, en el trayecto sufrieron tortura física, sexual y hasta psicológica, para que estas personas se autoculparan del feminicidio de su familiar.
Dentro de la información, el organismo no gubernamental remarcó que las autoridades también aplicaron violencia institucional y en razón de género, debido a que no se ejercieron las investigaciones suficientes en el delito de tortura, feminicidio y secuestro; también, dice la recomendación, existió amenazas hacia familiares de la víctima y de la parte jurídica que llevó el caso.
“Luego de analizar los hechos, este organismo nacional determinó violaciones a los derechos a la libertad personal, vida privada, privacidad domiciliaria, seguridad e integridad personal, psíquica y moral; a la dignidad, prohibición de la tortura, trato digno, libertad de circulación y residencia”, enfatiza la CNDH.
Con el nuevo pronunciamiento, el organismo nacional determinó que el procedimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no fue suficiente para atender el caso, debido a que las personas afectadas exigieron que las autoridades ofrezcan una disculpa pública por dichas acciones irregulares.
Además, solicitaron a las instancias gubernamentales “atención médica, psicológica y tanatológica y de asistencia jurídica”; dentro de las anomalías también se documentó un desplazamiento forzoso, falta de acceso a la justicia que, en resumen, afectó a las tres mujeres indígenas y también a los defensores de los derechos humanos.
“También se solicitó investigar los delitos de secuestro, detención y retención ilegal, tortura física, psicológica y sexual; diseñar e implementar un programa de atención para las personas desplazadas y coadyuvar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, finaliza la recomendación.
