La tortura es considerada una de las violaciones más graves a los Derechos Humanos, también es uno de los delitos menos castigados. En Chiapas, el Poder Judicial del Estado emprendió la Campaña Nacional Contra la Tortura 2024, con el fin de erradicar y promover la cultura de la denuncia ante estas prácticas.
Es de destacar que de acuerdo al Observatorio Contra la Tortura, la Fiscalía de Chiapas es una de las ocho, a nivel nacional, que tiene un presupuesto propio para investigar este hecho.
El PJE, especificó que la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras.
El Observatorio detalla en su Informe “Hallazgos 2022”, presentada en febrero de este año, que sólo el 1.31 % de todas las carpetas de investigación fueron judicializadas a nivel nacional.
El panorama de Chiapas es que en ese año se abrieron 13 carpetas de investigación; se registro a 16 hombres y una mujer víctima de tortura. Ninguna carpeta fue judicializada y 22 vi´ctimas tuvieron acceso a un peritaje oficial para documentar la tortura.
La PJE realiza la campaña en el marco del 26 de junio; se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.
El delito de tortura también puede ser cometido por un servidor público, que en razón de sus atribuciones, tortura a una persona para obtener información o una confesión, o para castigarla.
Si un servidor comete este delito podría tener una pena de 10 a 20 años de prisión. Con una multa de 500 a mil días, y sufrir la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por el doble del tiempo de prisión impuesto. Si quien tortura es un particular, la pena es de 6 a 12 años de prisión.
Las víctimas tienen derecho a la protección del Estado, independientemente de si están dentro de un procedimiento penal. Los canales de denuncia son 800-0085-400; 089 número denuncia anónima y 911 para emergencias.